Serie: Loreto, entre las obras mal hechas y la impunidad LA OBRA PÚBLICA: ¡QUÉ IMPORTA SI SE CAE, SI YA SE INAUGURÓ!

Cuando el cemento se convierte en negocio, la calidad pasa a segundo plano y la ciudadanía termina pagando las consecuencias.

En Loreto estamos asistiendo a una nueva modalidad de gestión pública: construir, inaugurar, fotografiarse, cortar la cinta y retirarse antes de que comiencen a aparecer los defectos. Después, cuando la Contraloría descubre que las obras presentan deficiencias, se convoca a los responsables para que adopten las medidas correctivas. ¡Qué eficiencia! El problema es que los colegios, hospitales y demás infraestructuras no fueron construidos para servir de escenario a los comunicados de la Contraloría ni para que los funcionarios practiquen el arte de explicar lo inexplicable.

Acaba de conocerse que las obras de mejoramiento de las instituciones educativas Rosa Agustina Donayre de Morey y Lily Vásquez Ribeiro presentan deficiencias que comprometen la seguridad y la salud de sus comunidades educativas.

En el Rosa Agustina, las mamparas de vidrio de dos aulas tienen fijaciones mecánicas insuficientes y carecen de barandas. La dirección del colegio había comunicado al Gobierno Regional que el contratista no había subsanado las deficiencias. La situación llegó al extremo de suspender las clases presenciales para evitar accidentes.

En el colegio Lily Vásquez, el panorama tampoco es precisamente una maravilla de la ingeniería regional: agua de lluvia estancada junto a la casa de fuerza, humedad en el transformador eléctrico, cisterna con agua turbia, bombas y filtros inoperativos y agua sin tratamiento adecuado distribuida en las instalaciones sanitarias.

¿Y estas son obras recientemente entregadas? ¿En qué condiciones se construyeron? ¿Quién supervisó? ¿Quién verificó su funcionamiento? ¿Quién dio conformidad?

La Contraloría lo documenta en su Informe de Visita de Control n.° 043-2026-OCI/5345-SVC. No estamos hablando de rumores de pasillo ni de la imaginación de algún opositor político. Son situaciones adversas advertidas por el organismo de control.

Pero sería un error creer que estamos ante dos casos aislados.

Ahí tenemos el nuevo Hospital Apoyo Iquitos César Garayar García, una historia de ejecución y saldos de obra que se prolonga durante años, mientras la población sigue esperando una infraestructura sanitaria que debería estar prestando servicios.

En mayo de 2025, la Contraloría informó que el avance físico apenas alcanzaba el 40.77 %, que existían retrasos injustificados y que el presupuesto había experimentado un incremento del 133 %. En mayo de 2026 volvió a advertir deficiencias en instalaciones eléctricas, mecánicas, sistemas de ventilación y equipamiento médico. Y el 4 de noviembre de 2026 se conocieron nuevas observaciones técnicas de la Dirección General de Operaciones de Salud del Minsa: trabajos estructurales pendientes, filtraciones en cisternas, deficiencias eléctricas y sistemas electromecánicos sin concluir.

¡Qué extraordinaria capacidad para prolongar una obra y multiplicar las observaciones!

Y si hablamos de riesgos para la vida, no podemos olvidar la tragedia de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, donde Taylor Yaicate Ricopa perdió la vida cuando un muro se desplomó durante labores de demolición en las que participaban estudiantes. Otro alumno resultó gravemente herido.

¿Hasta cuándo vamos a seguir tratando estas situaciones como simples problemas administrativos?

Detrás de una mampara mal instalada puede haber un accidente. Detrás de una instalación eléctrica deficiente puede haber un incendio. Detrás de un sistema sanitario defectuoso puede haber consecuencias para la salud. Y detrás de una estructura que no fue retirada oportunamente puede haber una tragedia irreparable.

El problema no es solamente la incompetencia de determinadas empresas constructoras. Hay que investigar cómo se contratan, qué capacidad técnica tienen, qué materiales utilizan, quién supervisa sus trabajos y quién permite que las obras sean recibidas en esas condiciones.

Si existen relaciones privilegiadas entre empresarios y funcionarios, si hubo aportes políticos que posteriormente se tradujeron en beneficios contractuales o si se utilizaron materiales inferiores mediante acuerdos indebidos, corresponde investigarlo y demostrarlo. No podemos convertir las sospechas en sentencias, pero tampoco podemos fingir que esas preguntas no existen.

Porque una obra pública no es propiedad del gobernador, del contratista ni del supervisor. Es patrimonio de todos los ciudadanos.

Y aquí viene la pregunta que seguramente incómoda: ¿cuánto dinero público estamos gastando para construir infraestructura que después necesita reparaciones, correcciones y nuevas inversiones?

En Loreto hemos llegado a una situación en la que inaugurar una obra es motivo de celebración, aunque su funcionamiento todavía sea una incógnita.

¡Qué importa si tiene defectos, si ya hubo fotografía, ceremonia y discurso!

Pero los niños no estudian en fotografías. Los enfermos no se atienden en ceremonias de inauguración. Y los ciudadanos no viven de las cintas que cortan los gobernantes.

Una obra pública no demuestra el éxito de una gestión porque se inaugura. Lo demuestra cuando funciona, cumple su finalidad y protege a quienes tienen derecho a utilizarla.

Alberto Vela