¡KEIKO FUJIMORI DESCUBRE QUE LA POBREZA ES INMORAL! ¿Y QUÉ HIZO SU PARTIDO DURANTE DIEZ AÑOS?

Keiko Fujimori condenó ante el papa León XIV la inmoralidad de la pobreza peruana. Pero su discurso abre una pregunta que no puede responderse con sermones ni buenas intenciones: ¿qué hizo Fuerza Popular desde el Congreso para combatir las causas de esa pobreza y qué está dispuesta a hacer ahora, incluso si ello significa enfrentarse a los intereses de los grandes grupos económicos que financiaron sus campañas?

¡Qué extraordinaria revelación!

Fujimori acaba de anunciar ante el papa León XIV que la pobreza en el Perú es inmoral.

¡Vaya descubrimiento!

Millones de peruanos llevan décadas padeciéndola, pero ahora la pobreza ha recibido una condena moral desde las más altas esferas del poder. Y lo ha hecho una dirigente cuya organización política ha ejercido una influencia determinante en la vida parlamentaria peruana durante buena parte de la última década.

Porque el problema no es que Keiko Fujimori considere inmoral la pobreza.

El problema es qué responsabilidad política le corresponde a su partido en las decisiones que durante años pudieron contribuir a reducirla, pero también en aquellas que pudieron obstaculizar su solución.

Y esa responsabilidad no se borra pronunciando un discurso conmovedor ante el papa.

DIEZ AÑOS DE PODER POLÍTICO. ¿DÓNDE ESTÁN LOS RESULTADOS?

En 2016, Fuerza Popular consiguió 73 de los 130 escaños del Congreso de la República. Una mayoría absoluta.

Tenía una capacidad extraordinaria para impulsar leyes, negociar reformas, fiscalizar al Ejecutivo y participar en la construcción de políticas públicas de largo plazo.

Pero también disponía de instrumentos parlamentarios para confrontar al gobierno y condicionar su actuación.

La pregunta es inevitable. ¿Qué hizo con ese poder?

¿Cuántas reformas estructurales promovió para combatir la pobreza? ¿Cuántas iniciativas impulsó para reducir las desigualdades entre Lima y las regiones? ¿Qué propuestas defendió para transformar la estructura productiva del país, industrializar sus recursos naturales, generar empleos dignos y mejorar la distribución de la riqueza?

¿Cuáles fueron sus resultados verificables en educación, salud, nutrición infantil, saneamiento y desarrollo territorial?

Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo y energía parlamentaria destinó a esas tareas en comparación con los enfrentamientos políticos que marcaron buena parte de aquellos años? No basta con responder que la pobreza es inmoral.

Hay que explicar qué se hizo, qué se dejó de hacer y quiénes asumieron las consecuencias. INMORALES TAMBIÉN SON QUIENES LA FOMENTAN

LOS MILLONES QUE TAMBIÉN FORMAN PARTE DE ESTA HISTORIA

Pero hay un asunto todavía más delicado.

En noviembre de 2019, Dionisio Romero Paoletti, entonces presidente de Credicorp, reconoció ante la Fiscalía que su grupo empresarial había aportado 3 millones 650 mil dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori de 2011.

¡Tres millones seiscientos cincuenta mil dólares!

No estamos hablando de una colecta popular organizada entre trabajadores, agricultores, maestros o pequeños comerciantes. Estamos hablando de un aporte extraordinario proveniente de uno de los grupos económicos más poderosos del Perú.

El empresario sostuvo que no había exigido contraprestaciones. Pero su explicación no elimina una cuestión fundamental para cualquier democracia.

¿Qué significa que un poderoso grupo económico pueda destinar millones de dólares a financiar una candidatura presidencial mientras millones de ciudadanos apenas disponen de recursos para satisfacer sus necesidades básicas?

Y surge una interrogante todavía más importante. ¿Hasta qué punto el financiamiento de los grandes grupos económicos puede influir en las prioridades de quienes llegan al poder para combatir la pobreza?

El aporte reconocido no demuestra, por sí mismo, que Fuerza Popular haya actuado posteriormente bajo las órdenes de Credicorp.

Pero su magnitud y motivación política justifican un escrutinio público riguroso sobre la relación entre dinero, representación política y decisiones del Estado.

LA POBREZA NO ES UNA DESGRACIA CAÍDA DEL CIELO

Hay algo que suele desaparecer de los discursos oficiales. La pobreza no es solamente la carencia de dinero.

Es también el resultado de una estructura económica y social que determina cómo se produce la riqueza, quién participa en su generación, cómo se distribuyen sus beneficios y qué oportunidades tienen los ciudadanos para desarrollar sus capacidades.

Un país puede crecer económicamente y continuar reproduciendo enormes desigualdades.

Puede exportar minerales, petróleo, gas, productos agrícolas y recursos forestales mientras numerosos territorios que contribuyen a generar esa riqueza permanecen sin servicios públicos adecuados.

Loreto es un ejemplo particularmente ilustrativo.

Una región que ha aportado recursos naturales a la economía nacional durante generaciones continúa enfrentando graves problemas de conectividad, electricidad, agua potable, saneamiento, educación, salud y oportunidades productivas.

¿Es suficiente condenar moralmente esa pobreza? ¿O corresponde revisar las decisiones económicas y políticas que contribuyen a perpetuarla?

Porque la pobreza no se combate únicamente distribuyendo ayudas a los pobres. También exige transformar las condiciones que impiden que dejen de serlo.

Y esa transformación requiere planificación estratégica del desarrollo, inversión pública eficiente, diversificación productiva, ciencia, tecnología, educación y una distribución más equitativa de las oportunidades.

¿Y SI COMBATIR LA POBREZA AFECTA A LOS PODEROSOS?

Aquí llegamos al verdadero examen del discurso presidencial. Keiko sostiene que reducir la pobreza constituye una obligación moral.

De acuerdo.

Pero ¿qué sucederá cuando esa obligación exija adoptar decisiones contrarias a los intereses de sectores económicamente poderosos que financiaron su campaña? ¿Qué ocurrirá si mejorar la distribución de la riqueza requiere revisar privilegios, fortalecer la fiscalización tributaria, combatir la evasión, garantizar derechos laborales o modificar políticas que favorecen la concentración económica?

¿Qué hará el gobierno cuando la defensa del bienestar colectivo entre en tensión con los intereses particulares de quienes disponen de una influencia económica extraordinaria? ¿Prevalecerá el interés general? ¿O se nos explicará que determinadas reformas son imposibles porque podrían afectar la confianza de los inversionistas?

Porque hay una diferencia enorme entre declarar que la pobreza es inmoral y estar dispuesto a enfrentar sus causas.

La primera decisión necesita un micrófono. La segunda necesita voluntad política, reformas y resultados.

LA RECONCILIACIÓN TAMBIÉN TIENE UNA DIMENSIÓN ECONÓMICA

Keiko Fujimori no solamente habló de pobreza ante León XIV. También pidió reconciliación nacional.

Y aquí ambos asuntos se encuentran.

¿Cómo puede reconciliarse un país profundamente desigual si las estructuras que reproducen sus desigualdades permanecen intactas? ¿Cómo pedir unidad nacional a los ciudadanos que no reciben los mismos beneficios del crecimiento económico? ¿Cómo hablar de futuro cuando millones de peruanos continúan excluidos de las oportunidades que otros disfrutan?

La reconciliación no puede limitarse a que los ciudadanos abandonen sus diferencias y hagan las paces con su pasado. Debe incluir una transformación real de las condiciones sociales y económicas que alimentan esas diferencias.

De lo contrario, corremos el riesgo de construir una reconciliación en la que los pobres acepten resignadamente su pobreza y los poderosos conserven tranquilamente sus privilegios.

Una paz social que no se ocupa de la justicia social puede terminar siendo solamente una manera de administrar la desigualdad.

KEIKO, EL PAPA NO PUEDE HACER TU TRABAJO

León XIV conoce el Perú. Ha vivido entre sus comunidades y conoce de cerca las dificultades de numerosos sectores de nuestra sociedad.

Su visita puede contribuir a promover valores de solidaridad, justicia, diálogo y respeto por la dignidad humana.

Pero el pontífice no puede reemplazar las responsabilidades del gobierno peruano. No puede aprobar presupuestos, ejecutar obras, reformar instituciones, combatir la corrupción ni diseñar una estrategia nacional de desarrollo.

Esas responsabilidades corresponden al Estado señora Keiko. Y particularmente a quienes ejercen el poder político. Por eso, no se necesita demostrar ante el papa que conoce el significado moral de la pobreza.

Demuestra ante los peruanos que estás dispuesta a combatirla con decisiones concretas, incluso cuando esas decisiones resulten incómodas para los sectores más influyentes de la economía nacional.

DIEZ AÑOS DESPUÉS, LA PREGUNTA SIGUE EN PIE

Y ahora que Keiko Fujimori ejerce la Presidencia de la República, el escrutinio debe ser todavía mayor.

Ya no basta con explicar lo que su partido hizo desde el Congreso.

Debe mostrar qué hará desde el Ejecutivo. ¿Qué reformas impulsará? ¿Qué metas verificables establecerá para reducir la pobreza? ¿Qué decisiones adoptará para mejorar la distribución de las oportunidades?

¿Cómo garantizará que los intereses de los grandes financiadores políticos no condicionen las prioridades del gobierno? Y, especialmente, ¿si está dispuesta a cambiar el modelo de desarrollo que durante tantos años ha dejado a millones de peruanos esperando los beneficios del crecimiento económico?

Porque una cosa es descubrir ¿recién? que la pobreza es inmoral. Y otra, mucho más difícil, es asumir las responsabilidades políticas necesarias para combatirla.

La pobreza no desaparecerá porque la presidenta la condene ante el papa. Disminuirá cuando el Estado adopte políticas eficaces, combata las desigualdades y coloque el bienestar de las personas por encima de los privilegios particulares.

Porque la moralidad de un discurso no se mide por la solemnidad del escenario donde se pronuncia.

Se mide por la coherencia entre las palabras, las decisiones y sus consecuencias para la vida de los ciudadanos.

Alberto Vela