BAJO EL PARAGUAS DE BUSF PERÚ Y LA LINCECI NACIDA EN AREQUIPA, SE FRAGUÓ EN ESPAÑA UNA MILLONARIA Y VERGONZOSA ESTAFA A COSTA DE LOS NIÑOS CON CÁNCER DEL PERÚ

Una asociación, LIGA NACIONAL CONTRAL EL CÁNCER INFANTIL - LINCECI, constituida en Arequipa - Perú, abrió el camino para que a través de su filial española se cometa la más vergonzosa estafa solidaria.

Bajo la conmovedora promesa de ayudar a niños peruanos enfermos de cáncer, se desplegó una estructura de captación de dinero que terminó bajo investigación policial por una presunta estafa de millones de euros. El procedimiento penal sigue pendiente de juicio en España. Los nombres de Edgar Salomón Castañeda y Roberto Pérez Rodríguez aparecen en los documentos que permiten reconstruir la conexión entre Perú y España.

Hay estafas que indignan por el dinero que arrebatan. Pero hay otras que provocan una indignación todavía mayor porque convierten el sufrimiento de los más vulnerables en instrumento para despertar la solidaridad de personas que, de buena fe, quieren ayudar, para terminar defraudadas por quienes presuntamente se lucran con esa generosidad.

Eso es lo que hace especialmente repugnante el caso LINCECI: el cáncer infantil como argumento de captación, los niños enfermos como rostro de las campañas y la solidaridad de miles de españoles como fuente de recaudación.

Y hay un detalle que no puede quedar escondido: LINCECI no nació en España. Nació en Arequipa, Perú. Desde esa asociación peruana se articuló una delegación española que terminó en el centro de una investigación policial por una presunta trama fraudulenta de millones de euros.

No estamos, por tanto, ante una organización extranjera que apareció de pronto y utilizó el nombre del Perú. Hay una historia institucional que comienza aquí, con nombres, cargos, documentos registrales y decisiones que deben ser explicadas.

Pero esta historia no pertenece solamente a 2019. Según la información que hemos recibido desde España, el procedimiento penal continúa pendiente de juicio. No estamos ante un episodio cerrado ni ante una vieja noticia policial. Estamos ante un caso cuya respuesta judicial todavía se espera y cuyas responsabilidades siguen pendientes de esclarecimiento.

AREQUIPA: AQUÍ COMIENZA LA HISTORIA

El 4 de septiembre de 2014 se constituyó en Arequipa, Perú, la Liga Nacional Contra el Cáncer Infantil, LINCECI. Los documentos registrales identifican a Sandra Isabel Salomón Castañeda como otorgante del acto constitutivo. En la primera directiva aparecen Óscar Alberto Araoz Díaz como presidente, Sandra como secretaria y Edgar Salomón Castañeda como tesorero.

Y aquí aparece un nombre que no podemos pasar por alto: Edgar Salomón Castañeda.

Salomón no era un desconocido en el ámbito de las organizaciones humanitarias. Los registros de Bomberos Unidos Sin Fronteras del Perú lo identifican como presidente consecutivo desde el año 2003 y durante el periodo 2010-2015. Su nombre vuelve a aparecer en 2014 como tesorero de LINCECI.

Es decir, mientras ocupaba responsabilidades en BUSF Perú, también formaba parte de la dirección de la asociación que se convertiría en el punto de partida de la estructura española de LINCECI.

¿Una simple coincidencia? Los documentos no permiten despachar el asunto con semejante ligereza.

La directiva peruana acordó abrir una delegación en España y designó a Roberto Pérez Rodríguez como apoderado y representante legal. La documentación examinada registra su inscripción española el 6 de marzo de 2015.

Así se tendió el puente entre Arequipa y España: una asociación constituida en el Perú, una delegación en territorio español y dos nombres que aparecen en posiciones relevantes de esa estructura: Edgar Salomón en Perú y Roberto Pérez en España.

Lo que vino después convirtió aquella conexión institucional en un asunto de enorme gravedad.

ESPAÑA: VENDER SOLIDARIDAD Y RECAUDAR MILLONES

En España, LINCECI desplegó campañas de captación de fondos apelando a la sensibilidad de los ciudadanos. La promesa era ayudar a niños enfermos de cáncer en países como el Perú. Una causa capaz de conmover a cualquiera que tenga un mínimo de humanidad.

Miles de personas fueron convocadas a colaborar. Se utilizaron llamadas telefónicas, campañas de captación, venta de productos y otras actividades para conseguir aportaciones.

Pero detrás de esa fachada solidaria comenzaron a aparecer preguntas sobre el verdadero destino del dinero.

La denuncia presentada por la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA) ante la Fiscalía dio paso a la investigación policial conocida como Operación Andes. En junio de 2019, la Policía Nacional española informó de la desarticulación de una estructura investigada por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las informaciones publicadas en medios de comunicación entonces situaron en aproximadamente 5,5 millones de euros la recaudación atribuida al conjunto de las actividades investigadas. La investigación policial sostenía que una parte muy reducida se había destinado a los fines solidarios anunciados y que los recursos habrían terminado financiando actividades empresariales y beneficiando a responsables de la estructura.

Conviene precisar que esa cifra corresponde al conjunto de actividades investigadas y no exclusivamente a las campañas de LINCECI contra el cáncer infantil. Pero esa precisión no reduce la gravedad del caso: revela la dimensión de una maquinaria de captación que utilizaba causas humanitarias para conseguir dinero en nombre de la solidaridad y cuyo destino económico fue cuestionado por los investigadores.

Y hay un dato especialmente revelador: las informaciones periodísticas sobre la investigación señalaron que de los fondos recaudados en nombre de LINCECI apenas una parte habría llegado a algún hospital en Arequipa, Perú. La Policía investigaba si el dinero terminó destinado a otras actividades empresariales y no a la atención de los niños para quienes se había solicitado. ¡Qué manera de pisotear la solidaridad! ¡Dios mío!

Personas que quizá renunciaron a pequeños gastos personales para ayudar a un niño enfermo terminaron confiando su dinero a una estructura cuyo destino económico estaba bajo investigación. La buena fe de los donantes se convirtió en el combustible de una maquinaria que debía ser examinada hasta el último euro.

Y que nadie crea que el asunto terminó con las detenciones de 2019. La investigación policial dio paso a un procedimiento penal que, continúa pendiente de juicio. La sociedad todavía espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades individuales.

EDGAR SALOMÓN CASTAÑEDA Y ROBERTO PÉREZ RODRÍGUEZ: LA CONEXIÓN ENTRE PERÚ Y ESPAÑA

Los documentos permiten seguir una relación que merece una explicación pública.

En Perú, Edgar Salomón Castañeda aparece como tesorero de LINCECI y vinculado a su constitución. En España, Roberto Pérez Rodríguez fue designado apoderado y representante legal de la delegación de LINCECI.

Pero las informaciones policiales no se limitan a mostrar dos nombres en documentos administrativos, registran conversaciones entre ambos sobre la planificación de actividades, recursos, atención a pacientes, necesidades económicas, información para el blog y asuntos administrativos de LINCECI.

Edgar Salomón informaba; Roberto Pérez preguntaba, coordinaba, gerenciaba y daba seguimiento. Hablaban de planes, dinero, actividades y asuntos que formaban parte del funcionamiento de la organización.

¿Qué sabían sobre la captación de fondos en España, la administración de los recursos y su destino final? Por los cargos que ocupaban, la coordinación que mantenían y el contenido de sus propias conversaciones, no estamos ante personas ajenas ni desinformadas sobre el funcionamiento de LINCECI. Conocían de primera mano la estructura que habían contribuido a constituir y poner en marcha. Es más, Óscar Alberto Araoz Díaz, presidente de LINCECI en Arequipa, junto a su hijo Óscar Araoz Peralta, aparecen vinculados a las actividades de captación de dinero en España. El organigrama mostrado por la policía y la prensa españolas permiten examinar las conexiones entre ambos, Roberto Pérez y las estructuras empresariales que rodeaban a LINCECI.

La cuestión ya no es fingir desconocimiento o refugiarse detrás de los cargos formales. La cuestión es que expliquen qué responsabilidad tuvo cada uno en el funcionamiento de la organización y qué conocimiento tenían sobre el destino del dinero recaudado en nombre de los niños enfermos.

Porque no basta con constituir una asociación, designar representantes y colocar fotografías de niños enfermos en una campaña de recaudación. Quien participa en la dirección de una organización humanitaria debe explicar qué se hizo con cada euro recibido en nombre de quienes necesitaban ayuda.

BUSF: EL OTRO NOMBRE QUE APARECE EN ESTA HISTORIA

La relación con Bomberos Unidos Sin Fronteras tampoco puede esconderse debajo de la alfombra.

Edgar Salomón Castañeda fue presidente de BUSF Perú durante el periodo documentado entre 2003 y 2015 y aparece en 2014 como tesorero de LINCECI Arequipa.

En España, las informaciones policiales identifican a José Luis Gadella Gabancha, administrador único de Bomberos Unidos Gestión Pymes, quien también aparece vinculado a responsabilidades de logística en el entorno de BUSF facilitando billetes de avión a Roberto Pérez para sus desplazamientos hacia el extranjero.

Otras informaciones policiales y de la prensa española muestran conversaciones de Roberto Pérez con Fernando Carballo, vicepresidente de BUSF España, en las que hablan de asuntos personales y de la organización. En una de esas comunicaciones aparece una expresión coloquial —«aceite del bueno»— que, según el contexto de las demás actuaciones aportadas, se referiría a dinero. Este intercambio merece ser contrastado con las demás comunicaciones y los registros económicos para establecer la naturaleza de esos pagos.

Nada de esto permite afirmar, sin más documentación, que BUSF España como institución participó en la presunta estafa de LINCECI. Pero sí demuestra que existen relaciones personales, contractuales y operativas que deben ser investigadas y explicadas.

Y aquí está el problema: cuando las mismas personas aparecen vinculadas a organizaciones humanitarias, empresas de captación, delegaciones internacionales y movimientos de dinero, no basta con responder que cada entidad tenía su propia personalidad jurídica. La personalidad jurídica no puede convertirse en una cortina para impedir que se conozca quién hacía qué, quién autorizaba y quién recibía.

La relación entre BUSF y LINCECI debe esclarecerse. Y quienes ocupan y ocuparon cargos en ambas estructuras tienen que explicar las coincidencias, los contratos, las comunicaciones y las operaciones que aparecen en los documentos.

LOS NIÑOS CON CÁNCER NO SON UNA ESTRATEGIA COMERCIAL

Hay algo que debe quedar absolutamente claro.

Los niños enfermos de cáncer no podían ser utilizados como argumento publicitario para conseguir donaciones que después no llegaran a cumplir la finalidad anunciada. Sus enfermedades no podían convertirse en un recurso de marketing. Su sufrimiento no podía ser la mercancía emocional de una operación de captación de fondos.

Y los ciudadanos españoles que colaboraron tampoco eran simples números en una base de datos de donantes. Eran personas que confiaron en una promesa humanitaria.

Si, como sostiene la investigación policial, el dinero fue utilizado para fines distintos de los anunciados, estamos ante una perversión de la solidaridad: utilizar la compasión para obtener recursos y después no garantizar que lleguen a quienes motivaron las aportaciones. Eso es soez, vulgar e inhumano. Es aprovecharse de la sensibilidad de quienes todavía creen que ayudar a un niño enfermo es una obligación moral y no una oportunidad para hacer negocios.

Eso no solo afecta a las víctimas económicas. También destruye la confianza en las organizaciones que realizan un trabajo humanitario legítimo.

PERÚ NO PUEDE LAVARSE LAS MANOS

La historia comienza en Arequipa y tiene ramificaciones en España. Por eso, el Perú no puede limitarse a observar desde la tribuna.

Hay que esclarecer quiénes constituyeron LINCECI, quiénes la dirigieron, qué relación mantuvieron con su delegación española, quiénes recibieron las transferencias y cuál fue el destino final de los recursos enviados al país.

La información publicada sobre la investigación policial y judicial española hizo referencia a transferencias por 311.866 euros hacia Perú. Ese dinero debe seguirse hasta sus destinatarios y su utilización efectiva. No basta con saber que salió de España: hay que saber quién lo recibió, por qué concepto y qué hizo con él.

El tesorero Edgar Salomón y los demás responsables de la asociación peruana LINCECI tienen preguntas que responder sobre su participación institucional. Roberto Pérez y quienes intervinieron en la estructura española deben explicar las operaciones que estuvieron bajo su responsabilidad.

Y si existen o existieron relaciones económicas, empresariales o logísticas entre LINCECI y el entorno de BUSF, también deben ser esclarecidas.

No se trata de condenar desde una columna. Se trata de exigir transparencia y responsabilidades sobre hechos que fueron objeto de una investigación policial y judicial y que todavía esperan una respuesta definitiva.

ROBERTO PÉREZ: UN CASO QUE SIGUE TENIENDO ACTUALIDAD

Roberto Pérez Rodríguez no es solamente un nombre que aparece en los documentos fundacionales de la delegación española. Su situación continúa siendo relevante en el procedimiento penal que está pendiente de juicio.

Pero hay un elemento adicional que merece atención. Hemos recibido información sobre presuntas amenazas atribuidas a Roberto Pérez Rodríguez en el contexto de ese procedimiento penal. Se trata de hechos que deben ser documentados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean examinados con las garantías correspondientes.

Si estas investigaciones se confirman, la preocupación es todavía mayor: una investigación de esta naturaleza debe desarrollarse sin presiones ni intimidaciones contra quienes intervienen en ella, aportan información o buscan que se esclarezcan los hechos.

La justicia tiene que determinar las responsabilidades por los hechos investigados sin demoras y, al mismo tiempo, garantizar que el procedimiento pueda avanzar sin interferencias indebidas.

LINCECI no es una historia terminada.

La investigación policial de 2019 abrió una enorme interrogante sobre el dinero recaudado en nombre de niños enfermos de cáncer en el Perú. Hoy, con el procedimiento penal pendiente de juicio, esa interrogante sigue abierta.

Los ciudadanos españoles que confiaron en la promesa de ayudar merecen justicia. Los niños peruanos cuyo sufrimiento fue utilizado en las campañas merecen que se conozca la verdad. Y las personas que puedan aportar información o intervenir en el proceso deben hacerlo sin amenazas ni intimidaciones.

No basta con que la Policía haya investigado, que se hayan reconstruido relaciones económicas y empresariales. La sociedad espera que la justicia establezca las responsabilidades correspondientes.

LA SOLIDARIDAD NO ES UN NEGOCIO

Hay organizaciones que trabajan honestamente para salvar vidas, atender emergencias y ayudar a quienes no tienen recursos. Su labor merece respeto. Precisamente por eso, quienes utilizan el lenguaje humanitario para construir estructuras opacas hacen un daño que va mucho más allá del dinero.

La solidaridad no es una franquicia. La cooperación internacional no es un cheque en blanco. Y los niños enfermos no son una herramienta para llenar las cuentas de nadie.

Una asociación constituida en Arequipa terminó conectada con una estructura española investigada por una presunta estafa millonaria a ciudadanos que creyeron estar ayudando a niños con cáncer en el Perú. Esa es la historia que debe esclarecerse, con nombres, documentos, cuentas y responsabilidades.

Porque cuando se utiliza el cáncer de un niño para despertar la compasión de miles de personas y conseguir su dinero, y ese dinero termina bajo sospecha de haber sido desviado para otros fines, como sueldos exorbitantes, lujos, participación en carreras internacionales de automovilismo y grandes negocios personales —extremos que también deben acreditarse documentalmente—, no estamos ante un simple fracaso administrativo. Estamos ante una traición a la solidaridad humana.

La solidaridad de miles de españoles no puede quedar sepultada bajo el silencio, las maniobras dilatorias o las intimidaciones.

Dr. Edgar, los niños del Perú no tienen por qué seguir cargando con la vergüenza y la vulgaridad de quienes utilizaron su sufrimiento para recaudar millones.

Alberto Vela