EL CENTRO IBEROAMERICANO DE RESPUESTA ANTE CATÁSTROFES NATURALES — CRAC QUE EL PERÚ PERDIÓ: ¿QUIÉN ENTREGÓ A EDGAR SALOMÓN CASTAÑEDA LO QUE NO ERA SUYO?

Hay preguntas que nacen de una sospecha. Y hay otras que nacen de un documento.

Esta nace de ambos.

En la primera entrega de esta serie mostramos cómo una entrevista al ingeniero José Benavente Farfán, presidente de BUSF Perú Sur, terminó abriendo una historia mucho más grande que su propia expulsión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Benavente habló del CRAC de Arequipa.

Habló de Edgar Salomón Castañeda.

Habló de una supuesta evaluación realizada desde España para decidir si se demandaba o no a la gestión anterior, presidida por Salomón Castañeda.

Habló de los bienes que existían en el centro.

Y cuando se le preguntó qué había ocurrido con vehículos, ambulancias y equipos especiales, respondió: “Eso más bien yo desconozco.”

Pero también dijo algo mucho más comprometedor para la historia institucional de BUSF: “Se ha hecho una evaluación desde España.”

Y cuando se le preguntó si esa evaluación había considerado demandar a Salomón para recuperar el patrimonio, respondió:

“La evaluación de España dijo que no era una opción hacer un juicio al señor Salomón para el tema de la devolución.”

Es decir, según el testimonio de quien hoy preside BUSF Perú Sur, España conocía el problema, conocía a quién se atribuía la responsabilidad de la situación y evaluó qué hacer con el patrimonio.

Entonces llegó el momento de abrir los documentos.

Y lo que aparece es mucho más interesante que cualquier declaración.

EL CRAC NO APARECIÓ POR GENERACIÓN ESPONTÁNEA

El CRAC de Arequipa fue inaugurado el 16 de noviembre de 2003 como el primer Centro de Respuesta ante Emergencias y Catástrofes de la Red Iberoamericana de BUSF.

La propia BUSF España reconoce actualmente que fue un proyecto de cooperación al desarrollo financiado por el Ayuntamiento de Madrid y ejecutado por BUSF España. La organización señala que desde ese centro se desarrollaron actividades de formación y respuesta ante terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas.

No era, por tanto, una instalación cualquiera.

Era una infraestructura creada para una finalidad concreta: preparar y responder ante catástrofes.

Y esto adquiere una dimensión especial en estos días en los que Perú e Iberoamérica continúan expuestos a sismos, incendios, inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos naturales.

Un CRAC operativo no es un lujo. Es una capacidad de respuesta.

Por eso resulta tan difícil comprender que una infraestructura de esta naturaleza pudiera permanecer durante años fuera del control de la organización que la creó y que, finalmente, en 2026 haya terminado incorporada a la Intendencia Nacional de Bomberos. BUSF España reconoce expresamente que desde 2015 hasta enero de 2026 la gestión, sostenibilidad y administración del CRAC no estuvieron bajo su responsabilidad ni control.

Once años.

Ahí comienza el problema.

ANTES DE BUP EXISTÍA BUSF-PERÚ

Y aquí el expediente registral nos permite salir de las versiones y entrar en la documentación.

La partida registral de Bomberos Unidos Sin Fronteras —BUSF-PERÚ— muestra que la organización fue constituida originalmente en 1999 y que Edgar Salomón Castañeda formaba parte de su primera estructura directiva. Fue el presidente.

Pero hay algo todavía más importante.

En la modificación estatutaria inscrita en 2005, BUSF-PERÚ aparece expresamente descrita como:

filial en el Perú de la sede principal de Madrid, España.

El estatuto establecía además una relación de supervisión con BUSF-España y contemplaba la participación de un representante de BUSF-España en la supervisión de BUSF-PERÚ. Incluso determinadas decisiones de la asociación requerían propuesta o intervención de BUSF-España.

Y hay otro detalle que no puede pasar desapercibido.

El artículo relativo a los bienes señalaba que estos podían ser dinerarios y no dinerarios, incluidos bienes muebles e inmuebles.

No estamos hablando, entonces, de una asociación sin patrimonio.

Estamos hablando de una organización con una estructura estatutaria, una relación institucional con BUSF-España y bienes que debían tener un tratamiento jurídico y administrativo.

Y LLEGÓ 2015

Aquí aparece la pieza que durante tanto tiempo parecía perdida.

El 4 de junio de 2015, mediante escritura pública y sobre la base de un acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de abril de 2015, se inscribió una modificación parcial de estatuto.

El documento registra la modificación de los artículos:

1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 49 y 53.

Es decir, 31 artículos.

Pero hay uno que llama particularmente la atención.

El artículo 3.

Porque allí la organización deja de denominarse BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS BUSF-PERÚ y pasa a denominarse:

BOMBEROS UNIDOS PERÚ

La propia inscripción señala además que puede utilizar la sigla “BOMBEROS UNIDOS PERÚ”.

Y aquí aparece la pregunta que puede cambiar toda esta historia:

¿Qué ocurrió jurídicamente con el patrimonio que estaba bajo la administración de BUSF-PERÚ cuando esa organización dejó de llamarse BUSF-PERÚ y pasó a denominarse BOMBEROS UNIDOS PERÚ?

Porque cambiar el nombre de una organización no contesta por sí mismo qué ocurrió con cada uno de sus bienes.

Mucho menos con un complejo construido mediante cooperación internacional.

Mucho menos con vehículos.

Mucho menos con ambulancias.

Mucho menos con equipos de rescate.

 ¿Y QUÉ DICE EL NUEVO ESTATUTO SOBRE BUSF ESPAÑA?

Aquí aparece una diferencia que merece ser estudiada con lupa.

El estatuto anterior contenía referencias expresas a BUSF-ESPAÑA, su sede de Madrid, su supervisión y su participación en determinadas decisiones de BUSF-PERÚ.

En cambio, en la modificación de 2015 que estamos examinando, el nuevo artículo 3 denomina a la organización BOMBEROS UNIDOS PERÚ y las páginas siguientes regulan sus propios órganos, funciones, bienes y administración.

El artículo 9 atribuye a la Asamblea General amplias facultades, entre ellas autorizar auditorías, adquisición y disposición de bienes muebles e inmuebles y determinados actos patrimoniales.

Y el artículo 15 establece que el Consejo Directivo ejecuta los acuerdos de la Asamblea y administra la organización conforme a sus estatutos.

Aquí hay una pregunta inevitable:

Si en 2015 se estaba creando una entidad estatutariamente distinta, ¿qué documento determinó el destino de los bienes que hasta entonces estaban vinculados a BUSF-PERÚ?

Ese documento es el que estamos buscando.

Porque la modificación estatutaria no equivale, por sí sola, a una escritura de transferencia del CRAC ni a un inventario de transferencia de vehículos y equipos.

Y hasta ahora, en el expediente que tenemos, ese documento no aparece.

SALOMÓN NO ERA UN NOMBRE MÁS

La partida registral muestra algo todavía más significativo.

En 2010, Edgar Salomón Castañeda aparece nuevamente inscrito como presidente de la Junta Directiva de BUSF-PERÚ para el período 2010–2015.

Y después de la modificación estatutaria de 2015, la nueva Junta Directiva inscrita para el período 1 de julio de 2015–30 de junio de 2018 vuelve a tenerlo como presidente.

La partida dice:

Presidente: Edgar Salomón Castañeda.

Esto permite establecer documentalmente algo importante:

Salomón no aparece simplemente como una persona que llegó después a reclamar el CRAC.

Era un dirigente central de la organización antes y después de la modificación estatutaria.

Y precisamente por eso la pregunta adquiere otra dimensión:

¿Qué recibió Edgar Salomón en su condición de presidente de la nueva organización y qué recibió —si recibió algo— en representación de una entidad que había dejado de ser la filial peruana de BUSF España?

LA FRASE DE BENAVENTE QUE LO COMPLICA TODO

Durante la entrevista, Benavente explicó la situación de una manera aparentemente sencilla:

“Una vez que se termina el proyecto, se les transfieren los bienes a las personas responsables.” Pero el proyecto no había terminado.

Y cuando se le preguntó directamente si BUSF había transferido esos bienes a la organización creada por Salomón, respondió:

“Salomón, claro.”

Pero aquí aparece un problema.

¿Qué transferencia?

¿Dónde está? ¿Quién la firmó? ¿Qué bienes comprendía? ¿Incluía el CRAC? ¿Incluía vehículos? ¿Incluía ambulancias? ¿Incluía equipos? ¿Quién recibió cada uno? ¿Quién quedó como propietario? ¿Quién quedó como custodio? ¿Dónde está el inventario?

Porque una cosa es afirmar que “se transfirieron los bienes”.

Y otra muy distinta es demostrarlo.

Y ENTONCES LLEGÓ LA CARTA DE 2019

Cuatro años después de la modificación estatutaria aparece otro documento extraordinariamente revelador.

El 2 de septiembre de 2019, Edgar Salomón dirige una carta a Antonio Nogales, presidente de BUSF España.

Y la carta habla expresamente de: la cesión y entrega del CRAC; los equipos y materiales servibles;

y la disposición de BUP Perú para efectuar la entrega a BUSF España.

Pero todavía hay algo más.

BUP Perú propone un plazo: “no superior a 8 meses” para que BUSF-España tenga capacidad legal en Perú para poder recepcionar el centro y los recursos que todavía fueran servibles.

Y aquí la historia adquiere un giro extraordinario. Porque ahora tenemos que preguntar:

¿POR QUÉ BUP ESTABA EN CONDICIONES DE OFRECER A BUSF ESPAÑA LA DEVOLUCIÓN DEL CRAC?

No afirmamos todavía que BUP no tuviera ningún título jurídico. Precisamente eso es lo que debe demostrarse.

Pero la pregunta es inevitable:

¿Qué título tenía BUP para disponer del CRAC y de sus bienes hasta el punto de poder condicionar su devolución?

Y si ese título existía:

¿quién se lo otorgó desde BUSF?

¿QUÉ HIZO BUSF ESPAÑA DURANTE ESOS OCHO MESES?

¿Contestó la carta? ¿La aceptó? ¿La rechazó? ¿Envió abogados? ¿Envió representantes? ¿Hizo un inventario? ¿Pidió verificar los equipos? ¿Negoció la entrega? ¿Levantó un acta? ¿Recuperó algo? ¿Ocurrió algo después?

Porque si hubo una respuesta, esa respuesta debe existir.

Y si no hubo respuesta, también necesitamos saberlo.

BENAVENTE DICE QUE ESPAÑA EVALUÓ DEMANDAR

Aquí las piezas empiezan a encajar de una manera incómoda.

Benavente dice que:

España conoció el problema.

España evaluó la posibilidad de demandar.

España decidió que no era conveniente hacerlo.

Pero tenemos una carta en la que BUP ofrece entregar el CRAC y los medios materiales.

Entonces:

¿La evaluación realizada desde España descartó únicamente la vía judicial?

Porque una cosa es no demandar.

Y otra completamente distinta es no recuperar.

Lo que no puede hacerse pasar por solución es simplemente dejar que el tiempo haga desaparecer las preguntas.

¿Y QUÉ PASÓ CON LOS VEHÍCULOS Y LAS AMBULANCIAS?

Aquí la historia se vuelve todavía más incómoda.

Benavente reconoce que desconoce qué ocurrió con esos bienes.

Pero la carta de 2019 menciona expresamente “equipos y materiales servibles”.

Por tanto, el problema patrimonial existía.

Y no era imaginario.

Había bienes.

Había una organización que decía estar en disposición de entregarlos.

Había otra organización que debía recibirlos.

Y había una historia de diez años de por medio.

Entonces:

¿Dónde estaba el inventario? ¿Cuántos vehículos existían? ¿Cuántas ambulancias? ¿Qué equipos especiales? ¿Cuánto costaron? ¿Quién los recibió?

¿Cuáles estaban operativos en 2019? ¿Cuáles fueron entregados? ¿Cuáles desaparecieron? ¿Cuáles terminaron en otro proyecto?

Hasta que estas preguntas tengan respuesta, la historia patrimonial del CRAC no está cerrada.

Y AQUÍ APARECE LA RESPONSABILIDAD DE SALOMÓN

Edgar Salomón Castañeda tiene derecho a explicar su versión.

Y deberá hacerlo.

Porque el expediente registral demuestra que fue presidente de BUSF-PERÚ y posteriormente presidente de BOMBEROS UNIDOS PERÚ-BUP durante el período inmediatamente posterior a la modificación estatutaria de 2015.

La carta de 2019, además, lo muestra actuando en nombre de BUP respecto del CRAC y de recursos materiales que se ofrecían entregar a BUSF España.

Eso no demuestra por sí solo que Salomón se haya apropiado de ningún bien.

Pero sí demuestra algo mucho más concreto:

Salomón ocupaba una posición institucional desde la cual podía hablar sobre la entrega del CRAC y de los recursos materiales.

Y por eso la pregunta que le corresponde responder es:

¿En virtud de qué título ejercía esa facultad?

No es una pregunta personal.

Es una pregunta patrimonial señor Salomón.

PERO BUSF ESPAÑA TAMBIÉN TIENE QUE RESPONDER

Y aquí no podemos permitir que toda la responsabilidad termine colocándose sobre Salomón.

Porque si BUSF España fue quien creó el proyecto, ejecutó la cooperación, conocía la situación y recibió la carta de 2019, entonces también debe explicar qué hizo para proteger el patrimonio.

La propia BUSF España reconoce hoy que el CRAC estuvo fuera de su control entre 2015 y enero de 2026.

Entonces preguntamos:

¿Quién autorizó esa situación? ¿Quién decidió no recuperar el centro? ¿Quién decidió no recuperar los bienes? ¿Quién evaluó la posibilidad de demandar? ¿Quién descartó esa opción? ¿Quién decidió que ocho meses no eran suficientes —si es que esa fue la decisión—? ¿Quién hizo seguimiento del patrimonio?

Y una pregunta particularmente importante:

¿DÓNDE ESTÁN LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BUSF ESPAÑA QUE EXPLICAN LO OCURRIDO ENTRE 2015 Y 2019?

Ahí podría estar la respuesta.

O podría estar el silencio.

LA VENIA QUE NADIE HA DOCUMENTADO

Aquí aparece la palabra más incómoda de toda esta historia:

Venia.

No podemos afirmar que BUSF España haya dado una “venia” a Salomón sin encontrar el documento que lo pruebe.

Pero precisamente por eso debemos preguntar:

Si BUSF España no autorizó la transformación patrimonial, ¿cómo pudo BUP controlar el CRAC durante años?

Y si sí la autorizó:

¿Dónde está esa autorización?

Porque cualquiera de las dos respuestas cambia completamente la historia.

Si hubo autorización, que se muestre.

Si hubo transferencia, que se muestre.

Si hubo cesión, que se muestre.

Si hubo donación, que se muestre.

Si no hubo ninguna de ellas, que se explique cómo se produjo el control durante once años.

Eso es todo.

No estamos pidiendo una interpretación.

Estamos pidiendo documentos.

Y MIENTRAS TANTO, EL CRAC DE AREQUIPA SE PERDIÓ Y AHORA SE CONSTRUYE OTRO EN PUNO.

Pero este será tema para nuestra próxima publicación. No se pierdan esta novela.

“LA SOLIDARIDAD NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN TERRITORIO SIN TRANSPARENCIA”

Alberto Vela

 Foto 1: Página web Universidad Nacional San Agustín de Arequipa

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