BUSF Y EL CONVENIO DE LA IMPUNIDAD

En el Gobierno Regional de Loreto se deben pedir respuestas a la ONG BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS (BUSF) cuyos máximos responsables en España se encuentran prestando declaración judicialmente por TRES PRESUNTOS DELITOS, entre ellos el de falsificación.

La ONG española declarada de utilidad pública, sorpresivamente ve cómo altos directivos que siguen representándola se encuentran respondiendo en los Juzgados debido a una querella penal admitida a trámite en Madrid, y con un CONVENIO firmado en la Amazonía peruana con estos mismos altos cargos directivos pisando los juzgados.

El caso de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) y el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) no es un episodio aislado: es el espejo donde se refleja cómo la cooperación internacional puede ser capturada por intereses privados y la desidia institucional.
Este reportaje revela cómo se firmó un acuerdo con una entidad cuya legitimidad pende de un proceso penal.

Un convenio que huele a humo

El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) firmó un convenio de cooperación con Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) en agosto de 2024.
Por el GOREL rubricó el documento el gobernador René Chávez Silvano; por BUSF, Fernando Carballo Hierro, vicepresidente de la organización española.
Todo parecía un acto de buena voluntad institucional.
Hasta que se descubrió el trasfondo: Hay tres presuntos delitos por los que altos directivos de BUSF se ven obligados a declarar en los juzgados de lo penal en España.

La firma del convenio fue posible gracias a la gestión de Ybi Janet Vásquez Vásquez, quien actuó como vicepresidenta de BUSF Perú y fue la encargada de tramitar y coordinar todos los pasos previos ante el GOREL.
El problema: BUSF Perú, tal como fue usada para las gestiones, no existe jurídicamente desde que fue alterada en sus estatutos por Edgar Salomón Castañeda, hecho que la propia BUSF España ha desconocido oficialmente.

“Estamos ante un convenio firmado por una organización válida en España, pero tramitado por representantes cuya legitimidad está judicialmente en duda”, advierten fuentes consultadas.

La querella en Madrid: firmas falsas y control interno

La historia judicial comenzó cuando Ángel García Lorite, fundador y presidente histórico de BUSF, denunció penalmente a miembros de su propia organización, por, entre otros hechos, la falsificación de su firma en documento oficial.

Un peritaje grafológico judicial confirmó la falsificación.
El Juzgado de Instrucción de Madrid admitió la querella a trámite.

Desde ese momento, los querellados —entre ellos miembros de la actual cúpula de BUSF— quedaron en entredicho moral y jurídicamente respecto a su capacidad para representar legalmente a la organización en actos públicos o convenios.

Las consecuencias jurídicas: actos bajo sospecha

En derecho administrativo, una representación impugnada invalida todos sus actos.
Eso significa que:

• Los firmantes de BUSF no pueden celebrar convenios ni representar oficialmente a la organización.
• Todo documento que lleve sus firmas queda bajo presunción de nulidad absoluta.
• Las instituciones públicas que validen estos actos asumen responsabilidad legal por haber omitido verificar la situación judicial de sus contrapartes.

Por tanto, el convenio GOREL–BUSF podría considerarse jurídicamente viciado.
En términos prácticos: una bomba legal con temporizador.

“El papel no arde, pero huele a humo”, resume un exfuncionario consultado en Iquitos.
“Y si explota, alcanzará tanto a España como al Perú”.

Ybi Vásquez: la tramitadora de una representación inexistente

Ybi Janet Vásquez Vásquez aparece en documentos oficiales como vicepresidenta de BUSF Perú, cargo que utilizó para tramitar y coordinar el convenio ante el Gobierno Regional de Loreto.
Fue ella quien notificó formalmente al GOREL que Fernando Carballo Hierro sería el firmante del acuerdo en representación de BUSF España, en reemplazo del presidente Antonio Nogales.

Pero el detalle es revelador:
BUSF España ya había desconocido la existencia legal de BUSF Perú tras la alteración de sus estatutos por Edgar Salomón Castañeda, quien modificó 31 artículos y registró una nueva ONG llamada Bomberos Unidos del Perú (BUP).

En palabras del propio presidente de BUSF España, Antonio Nogales:
“BUSF Perú no existe desde que se alteraron sus estatutos. Lo que hay ahora es una organización distinta.”

Entonces, la pregunta clave sigue en pie:
¿A quién representaba Ybi Vásquez cuando gestionó el convenio con el Estado peruano, en este caso con el Gobierno Regional de Loreto?
¿A BUSF España, que no la reconoce, o a una ONG paralela creada al margen de su fundación original?

El arte de engañar con chaleco humanitario

Hay algo casi perverso en la habilidad de ciertos personajes para disfrazar el abuso de altruismo.
Gente que no escatima esfuerzos para engatusar a medio mundo con discursos de ayuda humanitaria, mientras su verdadera vocación parece ser la manipulación sistemática del bien común.
Saben exactamente lo que hacen: se cuelgan del prestigio ajeno, explotan la confianza pública y posan en la foto con casco y chaleco como si fueran héroes de emergencia.

Pero tras el uniforme late una maquinaria calculada, malevolente por convicción, que confunde la cooperación con el negocio y la solidaridad con el botín.
Y lo hacen con la serenidad del impostor que ya no distingue entre la mentira y su propio reflejo.

Fernando Carballo y el silencio como política

Cuando un grupo de socios de BUSF España pidió transparencia en el grupo oficial de WhatsApp, Fernando Carballo Hierro — aun vicepresidente de BUSF España y firmante del convenio con el GOREL— respondió:

“Si no hay comunicado, es porque no hay nada que contar.
Los asuntos judiciales abiertos son de carácter privado.
BUSF goza de buena salud organizativa y económica.”

Una respuesta que encarna el manual clásico del silencio administrativo: negar todo, minimizar lo evidente y mantener la fachada institucional intacta.
Mientras tanto, los procesos judiciales siguen su curso en Madrid y los socios siguen pagando sus cuotas sin recibir información alguna.

El GOREL: entre la buena fe y la negligencia

La gran incógnita ahora es si el Gobierno Regional de Loreto fue víctima de una estafa institucional o cómplice negligente de un acto irregular.
La respuesta está en los procedimientos.

El GOREL, antes de firmar con una ONG extranjera, debió exigir:

• Certificación vigente de su representación legal.
• Registro consular o apostillado de poderes notariados.
• Verificación en fuentes judiciales o diplomáticas sobre eventuales litigios.

Nada de eso se hizo.
El resultado: un convenio firmado con una organización cuyos altos cargos hoy se encuentran declarando por tres presuntos delitos en los juzgados de lo penal en España.

“La confianza no sustituye la diligencia”, señala un abogado administrativo.
“Cuando se trata de dinero público, el error se llama responsabilidad.”

Próximos pasos: deberán responder

Este medio solicitará entrevistas formales a Fernando Carballo Hierro, Ybi Janet Vásquez Vásquez y René Chávez Silvano, gobernador regional de Loreto, para aclarar los alcances, la validez y la legitimidad del convenio suscrito.

La ciudadanía, tanto en España como en el Perú, merece una respuesta clara y documentada. Estamos hablando de la ONG BUSF España que es oficialmente de UTILIDAD PUBLICA, por lo que está obligada a dar todas las respuestas por Transparencia y Buenas Prácticas.
No se trata de rumores ni de política: se trata de responsabilidad institucional y credibilidad pública.

En conclusión:

El caso BUSF–GOREL es el retrato más fiel de una enfermedad: el fetichismo del sello institucional.
Mientras el papel tenga membrete y la foto muestre sonrisas, nadie pregunta de dónde viene la firma ni quién realmente la puso.

Y aunque el fuego de BUSF alguna vez trajo esperanza a la Amazonía, hoy amenaza con quemar la poca credibilidad que queda entre ambos lados del Atlántico.

Destacados

• Altos Directivos de BUSF España enfrentan una querella penal admitida a trámite en España por tres presuntos delitos, entre los cuales se encuentra el de falsificación
• El convenio con el Gobierno Regional de Loreto fue gestionado por una representante de BUSF Perú cuya legalidad está en entredicho.
• Los firmantes del acuerdo podrían carecer de validez jurídica, lo que expone al GOREL a responsabilidad administrativa.
• Se solicitarán entrevistas a los involucrados para que expliquen públicamente su rol en esta trama internacional.

Alberto Vela