LORETO: FISCALÍA PARALIZADA ANTE UNA GRAVE DENUNCIA DE VIOLACIÓN INFANTIL

Mientras una joven rompe el silencio tras años de abuso sexual desde su infancia, el Ministerio Público guarda un silencio que apesta a encubrimiento. Y los operadores mediáticos prefieren callar o atacar a los denunciantes antes que incomodar al poder.

El 3 de julio de 2025, en la ciudad de Iquitos, una joven de 21 años denunció un infierno que había soportado desde que tenía apenas 11. Acudió sola a la Comisaría de Familia para contar que su tío político, Everth Aldo Labajos Pezo, la había violado reiteradas veces cuando era niña.

Lo hizo con nombre completo, con identificación, con fechas. Contó que las agresiones ocurrieron en su propia casa, que hubo amenazas. Que durante años no dijo nada por miedo. Y que, además, la persona con quien convivía el agresor —la hoy jefa de Logística del Gobierno Regional de Loreto, Janeth Asio Macedo— es su propia tía, hermana de su madre.

Ese mismo día, la Policía Nacional cumplió con su deber y notificó telefónicamente a la fiscal de turno, de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer. Se le dieron todos los datos. Se le remitieron los actuados. La fiscal fue formalmente alertada y se le señaló que realice las diligencias pertinentes.

Desde entonces, han pasado más de treinta días. No hay detención. No hay investigación pública. No hay medidas cautelares. No hay avances. No hay prácticamente nada. Desde el día de la denuncia, el Ministerio Público solo ha dictado un ridículo orden de alejamiento.

Cuando la Fiscalía calla, el encubrimiento empieza

El parte policial es claro. No hay ambigüedades. No hay espacio para la duda procesal sobre la existencia del hecho denunciado: el delito sexual contra una menor ha sido denunciado formalmente, y la Fiscalía está en conocimiento desde el día uno.

En cualquier país mínimamente decente, esto habría provocado una reacción inmediata: una medida de protección, una detención preliminar, una prueba forense urgente. Pero en Loreto, parece que el protocolo cambia si el presunto agresor tiene poder político y económico.

Porque Everth Labajos no es un desconocido. Es un empresario que, según denuncias públicas, recibe contratos del propio GORE Loreto. Y su esposa, Janeth Asio, firma pagos, aprueba órdenes, maneja logística y pauta. Es, en los hechos, una recaudadora política del gobernador regional René Chávez.

Y ahí se traba todo.

El rol servil de ciertos periodistas: blindar al poder

Como si la inacción fiscal no bastara, aparece un segundo blindaje: el periodismo clientelar, ése que, en vez de investigar, encubre. Que en vez de defender a una víctima, se pone al servicio de sus verdugos.

Es el caso de un periodista, que por lo menos habló y no como otros callan, quien lejos de exigir justicia, ha utilizado sus plataformas para:

• Relativizar la denuncia, sugiriendo que se trata de “temas familiares”.
• Acusar al tío de la víctima, que hizo pública la denuncia, de ser un “operador político” de Fernando Meléndez, como si eso tuviera alguna relación con la violación denunciada.
• Defender al gobernador René Chávez, diciendo que no tiene responsabilidad alguna, pese a que mantiene en el cargo a la jefa de Logística cuya pareja ha sido denunciada por un crimen atroz.
• Minimizar los hechos y pretender enfocar el debate en las supuestas motivaciones políticas del denunciante.

La pregunta es inevitable:
¿Para quién trabaja este periodista?
¿Para el pueblo que merece saber la verdad? ¿O para el aparato de poder que necesita silencio?

Porque decir que “la justicia se encargue del caso”, cuando la justicia está paralizada por miedo o complicidad, no es neutralidad. Es complicidad.}

EL PRESUNTO VIOLADOR Y SU ESPOSA

No se trata solo de una denuncia. Se trata de un patrón de impunidad

Este caso no es un hecho aislado. Es una radiografía de cómo el poder se protege a sí mismo, cómo la Fiscalía se somete al poder político y cómo ciertos medios se convierten en voceros de los agresores.

• El agresor, libre.
• La funcionaria, empoderada.
• La víctima, en depresión y sin justicia.
• La fiscal, muda.
• El gobernador, sonriente.
• El periodista, servil.

¿Hasta cuándo?

Basta de silencio. Basta de pactos de impunidad.

El pueblo de Loreto tiene derecho a exigir:

1. Que la Fiscalía de la Nación investigue por qué la fiscal especializada en Delitos Contra la Mujer y el Entorno Familiar no actuó como debía y no actúa como debe
2. Que el gobernador René Chávez se pronuncie de inmediato y cese a cualquier funcionario vinculado a este caso.
3. Que el Consejo Regional de Loreto abra una investigación administrativa y penal.
4. Que los medios de comunicación recuperen la dignidad y dejen de ser altavoces del poder.

Este caso es real. Tiene nombre, documentos, testigos y pruebas.

Y si la justicia no actúa, será la ciudadanía quien lo hará.
Porque una niña fue violada, una joven lo denunció, y el Estado no puede seguir enterrando lo que no quiere ver.

Alberto Vela