"LA CARTA QUE REVELA LA USURPACIÓN DEL CRAC DE AREQUIPA POR EDGAR SALOMÓN Y CÓMO EL SILENCIO DE BUSF ESPAÑA PERMITIÓ SU DESAPARICIÓN"

SALOMÓN Y NOGALES, "LOS ARTÍFICES" DE LA DESAPARICIÓN DEL CRAC DE AREQUIPA. UNA GRAN OBRA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOLIDARIA

En el Perú, los escándalos no siempre estallan: a veces se diluyen. Se vuelven paisaje. Se normalizan hasta que desaparecen. Literalmente.

El caso del CENTRO IBEROAMERICANO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES NATURALES (CRAC) de Arequipa no es la historia de una infraestructura perdida. Es algo más incómodo: es la historia de una infraestructura de la cooperación internacional que fue dejada perder.

Y esa diferencia —que parece semántica— es, en realidad, una línea divisoria jurídica.

Porque aquí no solo importa quién tomó el control.

Importa, sobre todo, cómo, porqué y quiénes permitieron que nunca se recupere.

Aquí no se puede pasar por alto el denominador común de la ESTAFA en nombre del cáncer infantil de niños peruanos LINCECI, (que será tratado en otra entrega periodística) que lo enlaza todo en tiempo, en lugar (AREQUIPA), y mismos protagonistas principales que aparecen en las actuaciones de la policía española.

Frente a lo ocurrido en Arequipa, ya no se trata de explicar el pasado, sino de asumir las consecuencias del no haber actuado a tiempo.

I. LA ESCENA DEL HECHO: UNA ESTRUCTURA QUE DEJA DE PERTENECER

En 2015 ocurre el quiebre.
Edgar Salomón Castañeda rompe el vínculo orgánico con BUSF Perú, modifica estatutos y levanta una estructura paralela: Bomberos Unidos Perú.

Desde ese momento, jurídicamente, deja de existir algo fundamental:

la representación válida. Sin representación:

·         no hay mandato,

·         no hay custodia legítima,

·         no hay administración válida de bienes ajenos.

Y, sin embargo, los bienes del CRAC permanecen bajo control de Salomón Castañeda.

Ahí nace el problema real. No cuando se rompe la relación. Sino cuando nadie actúa frente a esa ruptura. ¿Por qué BUSF España no actuó?

II. 2019: LA CARTA QUE NO SOLUCIONA NADA, PERO LO REVELA TODO

En septiembre de 2019, Edgar Salomón envía una carta a Antonio Nogales, presidente de BUSF España comprometiéndose a devolver los bienes del CRAC.

Ese documento es, en apariencia, un gesto de solución. Pero en realidad, es una pieza jurídica explosiva.

Porque implica tres cosas al mismo tiempo:

1.    Reconoce que los bienes no le pertenecen.

2.    Reconoce que los bienes están bajo su control.

3.    Reconoce que existe un deber de restitución.

Pero hay un detalle devastador: lo hace sin tener ninguna capacidad jurídica para obligar a nadie más que a sí mismo.

No es un acto válido. Es un reconocimiento.

Y en derecho, los reconocimientos no corrigen los hechos: los dejan al descubierto.

III. EL PUNTO CIEGO: LA CONDUCTA DE BUSF ESPAÑA frente a la CARTA DE SALOMÓN

Aquí se rompe la comodidad del relato. Porque si alguien sin legitimidad reconoce que tiene bienes ajenos, la reacción esperable no es el silencio. Es la acción.

Pero no ocurrió:

·         no hubo recuperación,

·         no hubo denuncia,

·         no hubo inventario,

·         no hubo ruptura pública efectiva.

Y entonces aparece la pregunta que incomoda a todos: ¿por qué no se recuperó el CRAC?

IV. LAS DOS HIPÓTESIS (Y NINGUNA ES INOCENTE)

Aquí no hace falta inventar nada. Basta con ordenar los hechos.

1. Hipótesis de la omisión (la versión indulgente)

BUSF España:

·         sabía,

·         podía actuar,

·         pero no actuó.

Eso configura:

·         negligencia grave,

·         dejación de funciones,

·         abandono de patrimonio institucional.

Es jurídicamente reprochable. Pero todavía cabe dentro del error o la incapacidad.

2. Hipótesis de la voluntad (la versión incómoda)

BUSF España:

👉sabía que no había legitimidad,

👉sabía que había control irregular,

👉sabía que existía un compromiso de devolución incumplido,

y aun así:

decidió no intervenir. Aquí ya no estamos ante descuido. Estamos ante:

👉tolerancia deliberada,

👉convalidación tácita,

👉aceptación de que la situación continúe.

No hace falta una firma que diga “no recuperar”. El derecho no funciona así.

El dolo se construye con:

·         el conocimiento,

·         la capacidad de actuar,

·         y la inacción sostenida.

V. EL DATO QUE LO CAMBIA TODO: EL TIEMPO

Porque esto no fue un episodio. Fue un proceso: LA CARTA de 2019 no fue un episodio. Fue un proceso hasta el día de hoy año 2026:

●        años sin acción,

●        años sin recuperación,

●        años sin defensa del bien.

Y el tiempo, en derecho, no es neutro.

El tiempo consolida.

Consolida la posesión irregular.
Debilita las reclamaciones.
Abre la puerta a transferencias cuestionables.

Y eso es exactamente lo que termina ocurriendo cuando el MIDAGRI interviene sobre un terreno que le pertenece, pero sobre una infraestructura cuya historia jurídica es, desde 2015, por decir lo menos, opaca.

VI. LA DESAPARICIÓN NO ES UN ACCIDENTE

El CRAC no desaparece de un día para otro.

Desaparece porque:

1.    fue controlado sin legitimidad,

2.    no fue recuperado,

3.    y finalmente fue reabsorbido bajo otra lógica, otro nombre y otro fin no santo pero muy opaco.

Ese trayecto no es casual. 

Es consecuencia directa de una cadena de decisiones… y de no decisiones.

VII. LA HIPÓTESIS ACUSATORIA (SIN NECESIDAD DE ADJETIVOS)

No hace falta afirmar mala fe para que el cuadro sea grave.

Basta con sostener esto:

Existía conocimiento del control irregular del CRAC, existía capacidad institucional para recuperarlo, y sin embargo se mantuvo una inacción prolongada que permitió la consolidación de esa situación hasta su desaparición.

Eso, jurídicamente, abre una puerta clara:

responsabilidad por no haber evitado un daño que era evitable.

Y políticamente, es devastador. Porque desmonta a todos:

· a Salomón Castañeda que tomó el control sin legitimidad,

· a los de BUSF España, que debían recuperarlo y no lo hicieron, coludidos con el primero,

· y al que terminó administrando el resultado final de ese vacío.

Esta acreditado que existía conocimiento del control irregular, que existía capacidad institucional de actuar y, pese a ello, hubo una inacción sostenida en el tiempo, configurándose, por decir lo menos, un supuesto de responsabilidad por no haber evitado un daño que era jurídicamente evitable.

VIII. EL VERDADERO ESCÁNDALO

No es que alguien se haya quedado con el CRAC. Eso, en el Perú, casi no sorprende. El verdadero escándalo es otro:

que hubo quienes podían recuperarlo… y no lo hicieron.

Y en política, como en derecho, hay silencios que no son neutros. Son decisiones.

El CRAC de Arequipa no fue solo una infraestructura para salvar vidas. Fue también una prueba. Y esa prueba dejó algo claro:

En este país, el problema no es solo quién toma lo que no le corresponde, sino quién en España —teniendo la obligación de actuar— decide no hacerlo.

Y cuando eso ocurre, la catástrofe ya no es natural. Es institucional.

A EDGAR SALOMÓN CASTAÑEDA, LE DECIMOS: Lo ocurrido con el CRAC de Arequipa no es un episodio superado ni una controversia del pasado. Es, jurídicamente, una situación pendiente de esclarecimiento.

El control de bienes ajenos, que no le pertenecían, sin mandato vigente ni respaldo institucional válido, no se regulariza con el tiempo ni se justifica con relatos posteriores. Menos aun cuando existe un reconocimiento expreso de devolución que nunca se materializó.

A LA ACTUAL DIRECTIVA DE BUSF ESPAÑA, LE DECIMOS: Lo ocurrido con el CRAC de Arequipa no es un hecho cerrado ni una etapa superada con nuevos anuncios. Es, jurídicamente, un hecho abierto.

La pérdida de una infraestructura valorizada en millones, construida bajo fines humanitarios y destinada a la atención de emergencias, no se diluye con el tiempo ni se reemplaza con otro proyecto en otra región.

Se investiga, se explica y, de ser el caso, se responde. Porque aquí no está en discusión solo una mala gestión. Está en cuestión algo más serio: la eventual responsabilidad por no haber protegido, recuperado o defendido un bien institucional cuya pérdida era evitable.

La actual directiva no es responsable de los hechos iniciales, pero sí lo es de algo ineludible:

definir si continuará administrando el silencio, o asumir ante el poder judicial en España y también en Perú, la obligación de esclarecer lo ocurrido.

Porque en derecho —y también en lo público— la continuidad institucional de una institución de UTILIDAD PÚBLICA como BUSF España, no solo hereda activos. También hereda responsabilidades.

Y por transparencia frente a lo ocurrido en Arequipa, la omisión ya no es una opción neutra. Es una forma de persistir en el problema.

EL REEMPLAZO QUE NO CORRIGE LA PÉRDIDA: LA DESPLAZA SIN RESOLVERLA.

Hay un dato que termina de desordenar cualquier intento de explicación razonable.

BUSF España dejó perder en Arequipa una infraestructura concebida para salvar vidas, construida, equipada y valorizada en más de tres millones de euros.

Tres millones, procedentes de:

1.- Principal, el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid, capital de España.

Además, de manera destacada, durante años se sumaron económica y materialmente al proyecto CRAC de Arequipa:

2.- La UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas), órgano consultivo de las Naciones Unidas, ONU

3.- Alcaldía de Arequipa.

4.- Otras instituciones y empresas colaboradoras de España, también Perú.

5.- La entidad bancaria OBRA SOCIAL CAJA MADRID.

No es un error menor. No es una omisión administrativa. Es la desaparición de una capacidad operativa real ante desastres.

Y, sin embargo, la respuesta no fue recuperar lo perdido.

Fue anunciar otro CRAC en Puno.

Uno que, lejos de presentarse como continuidad estratégica, aparece como sustituto discursivo. Como si cambiar de geografía pudiera borrar responsabilidades. Como si una nueva placa inaugurada pudiera tapar un vacío institucional.

Pero aquí hay una pregunta que no se puede esquivar:

¿un nuevo proyecto compensa uno abandonado… o lo encubre?

Porque si el CRAC de Arequipa: no fue defendido, no fue recuperado y terminó desapareciendo, entonces cualquier nuevo anuncio no es expansión. Es desplazamiento.

Y en términos políticos —y también jurídicos— el desplazamiento tiene un nombre más incómodo: gestión del olvido.

No se responde por lo perdido. Se cambia de escenario. Pero el problema es que las infraestructuras no son intercambiables. Y las responsabilidades tampoco.

Porque mientras en Puno se anuncia un inicio, en Arequipa queda una pregunta abierta: ¿por qué se dejó caer lo que ya existía?

Y esa pregunta —por más inauguraciones que se hagan— no prescribe políticamente. Ni jurídicamente.

CONCLUSIÓN

La rendición de cuentas aquí no es opcional ni reputacional. Es jurídica.

Y se resume en una obligación básica: explicar, documentar y, de ser el caso, responder por la pérdida de un bien destinado a salvar vidas.

Porque en este caso, el problema no es solo lo que ocurrió. Es lo que —pudiendo evitarse— SE DEJÓ QUE OCURRA.

Y en derecho, dejar que ocurra también genera responsabilidad.//

Alberto Vela

Diario "UNO AL DÍA

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