¿Y AL CONGRESO CUÁNDO LE VA A TOCAR?

En el Perú parece haberse instalado una peligrosa normalidad: un Parlamento que exige responsabilidades a todos, pero que rara vez responde por sus propios actos. Mientras la ciudadanía observa con frustración cómo se toman decisiones que impactan la estabilidad política, la economía y la institucionalidad, crece la sensación de que el poder legislativo se ha acostumbrado a operar sin costos reales. No es solo una crisis de confianza; es la evidencia de un sistema que ha permitido que el equilibrio democrático se incline peligrosamente hacia un poder que, en lugar de representar, muchas veces parece administrarse a sí mismo, sin enfrentar consecuencias proporcionales.

No es que no existan normas. El problema es que, en la práctica, muchos ciudadanos sienten que el Parlamento ha aprendido a usar las reglas a su favor.

Por eso la pregunta no es solo ética ni del momento político. Es más profunda: ¿cómo llegamos a un escenario donde el Congreso parece tener tanto margen para hacer y deshacer sin mayor costo?

CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ

Nada de esto empezó ayer ni es solo culpa de “malos políticos”. Es el resultado de un sistema que, con los años, fue acumulando fallas.

La primera es la fragmentación de los partidos. Hoy muchos no tienen identidad clara ni programas sólidos, y eso convierte al Congreso en un espacio donde cada grupo o congresista negocia según sus propios intereses. En lugar de debatir políticas públicas, muchas veces se negocia supervivencia política.

La segunda es la debilidad de la representación. Muchos congresistas no responden a una base partidaria organizada sino a coyunturas electorales. Eso hace que el costo político de tomar decisiones impopulares sea bajo y que predomine la lógica del corto plazo.

La tercera es el diseño institucional. Herramientas como la vacancia presidencial o la censura ministerial, que debían usarse solo en casos excepcionales, se han convertido en instrumentos políticos frecuentes. Eso ha ido desgastando el equilibrio entre poderes.

Pero más allá de las reglas, hay un problema cultural. Durante décadas se ha normalizado la idea de que la política es un espacio donde todo se negocia y donde los límites éticos son flexibles.

Así aparecen prácticas conocidas: blindajes, mayorías que protegen aliados y decisiones que responden más a cálculos internos que al interés público. No necesariamente porque exista un plan secreto permanente, sino porque el sistema premia la lealtad interna y castiga al que se desmarca.

A esto se suma otro factor: los contrapesos institucionales no siempre funcionan con la fuerza necesaria. Cuando la justicia es percibida como lenta o vulnerable a presiones, y cuando los organismos de control no tienen suficiente respaldo político, el margen de acción del Congreso se amplía.

El resultado es una sensación de impunidad que aumenta la desconfianza y agranda la distancia entre representantes y ciudadanos.

Lo que realmente está en juego

Frente a este panorama, la reacción natural es la indignación, y es comprensible. Pero la indignación por sí sola no cambia las reglas del juego. A veces incluso aumenta la polarización sin resolver el problema de fondo.

El desafío real es entender que estamos ante un diseño institucional que necesita cambios profundos.

No hay soluciones rápidas, pero sí caminos claros.

Primero, mejorar las reglas para evitar interpretaciones discrecionales, especialmente en mecanismos como la vacancia. También es clave revisar el sistema electoral para fortalecer partidos y mejorar la representación.

Segundo, fortalecer los contrapesos. Un sistema democrático necesita justicia independiente y organismos de control con verdadera autonomía. Cuando funcionan bien, reducen la arbitrariedad.

Tercero, aumentar el costo político de las malas decisiones. La vigilancia ciudadana, el periodismo de investigación y la transparencia pueden cambiar comportamientos cuando elevan el costo reputacional.

Y cuarto, construir partidos reales. Probablemente la tarea más difícil, pero también la más importante. Sin organizaciones políticas con programas claros y cuadros técnicos, el Congreso seguirá reflejando fragmentación e improvisación.

La historia política del Perú muestra que ningún poder es infinito, aunque a veces lo parezca. Los congresos que han actuado con sensación de omnipotencia han terminado pagando costos, ya sea electorales o de legitimidad.

Por eso la pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuándo y cómo llegarán.

Al final, la sensación de que el Congreso actúa sin límites no solo habla del Parlamento. Habla de un sistema político que todavía no logra construir mecanismos eficaces de control ni una representación sólida.

La pregunta del título no es solo un reclamo: es un desafío democrático. ¿Cuándo le tocará al Congreso rendir cuentas con la misma severidad que exige a los demás?

La respuesta no dependerá solo de quienes ocupan las curules, sino de la capacidad del país para mejorar sus reglas, fortalecer sus instituciones y exigir coherencia entre poder y responsabilidad.

Porque en democracia, tarde o temprano, a todos les llega el turno.

Alberto Vela