CUANDO LOS DELINCUENTES VUELVEN A SU DESPACHO

En el Perú no gobierna la ley. Gobierna la costumbre.

Y la costumbre más peligrosa de todas es esta: creer que el poder absuelve.

Un gobernador regional, en este caso del Callao, Ciro Castillo, sometido a 24 meses de prisión preventiva por presunta organización criminal y colusión agravada no debería ser parte del paisaje. Debería ser una ruptura. Un antes y un después. Pero aquí las rupturas duran poco y el escándalo envejece rápido. La indignación no alcanza a convertirse en límite.

Por eso nada sorprende.
Todo encaja.

Porque en este país la prisión preventiva no es advertencia, es molestia. No es señal política, es trámite. Y levantada la medida, el mensaje es claro: ya pasó, sigamos. Como si la gravedad se cancelara por cansancio.

Y entonces ocurre lo impensable en cualquier democracia funcional: el investigado intenta volver. No a la vida privada. No al silencio prudente. Al cargo. Al despacho. A los archivos. Al corazón mismo de la institución que está siendo investigada.

No se vuelve para servir.
Se vuelve para controlar.

I. LA JUSTICIA QUE SE PRONUNCIA… Y LUEGO SE DESDICE

Cuando un juez dicta prisión preventiva, no opina. Afirma que existen elementos graves, que hay riesgo real, que el investigado puede obstruir, manipular, desaparecer pruebas. Es una medida excepcional, sí, pero también una declaración de alarma institucional.

En el Perú esa alarma no produce retiro ni contención. Produce audacia.

Levantada la medida, casi sin transición, el poder se sacude el polvo y camina de regreso como si nada hubiera ocurrido. Como si el expediente no existiera. Como si el Estado fuera una oficina prestada y no una institución capturada por su propia fragilidad.

Aquí la pregunta no es jurídica.
Es política.

¿Por qué alguien investigado por corrupción estructural cree que puede volver?
¿Quién le hizo sentir que era posible?
¿En qué momento la justicia dejó de ser límite y pasó a ser paréntesis?

II. EL DOLOR USADO COMO ESCALERA, EL PODER COMO ESCUDO

Hay algo todavía más incómodo en este caso.
Ciro Castillo llegó al gobierno regional desde una tragedia personal que conmovió al país. La muerte de su hijo le otorgó una legitimidad silenciosa, casi moral. Una expectativa de decencia, de cuidado, de contención ética.

Hoy esa expectativa está rota.

Porque cuando alguien convierte el dolor en plataforma y luego el poder en blindaje, no solo compromete su situación legal: deshonra la memoria que lo llevó hasta ahí. Y eso no se corrige con abogados expertos ni con maniobras procesales.

Este no es un problema individual.
Es un problema de sistema.

Un sistema que investiga, acusa y, al final, afloja. Un sistema que permite retornos indecentes. Un sistema que deja la sensación —repetida, persistente— de que siempre hay un momento en que el poder se salva solo.

¿Cuántos soles brillaron?
No hace falta probarlo para sospecharlo. Basta mirar el resultado.

El Perú no está gobernado por delincuentes a pesar del sistema. Está gobernado por delincuentes gracias a él.

Aquí la corrupción no teme a la justicia: la administra. La espera. La sobrevive. Por eso no se esconde. Regresa. Reclama. Exige.

Y así el país aprende la lección más peligrosa de todas: que delinquir desde el poder no te expulsa del Estado, solo te obliga a hacer una pausa.

En este Perú invertido, la cárcel es transitoria, la vergüenza inexistente y el cargo público un botín que siempre se intenta recuperar. Por eso hay que decirlo sin eufemismos:

En tiempos de gobierno de la delincuencia, los delincuentes no están presos. Están en su casa.
Y cuando pueden, vuelven a su despacho.

Alberto Vela