BUSF ESPAÑA: Ante su silencio como hecho político – UNA NUEVA SERIE DE INTERROGANTES

En la parte superior, Roberto Pérez Rodríguez, figura vinculada a los hechos investigados en el caso LINCECI. En la franja inferior (de izquierda a derecha): Antonio Nogales (presidente de BUSF España), Fernando Carballo (vicepresidente), Edgar Salomón (presidente de BUP) y Jesús Lluch (director general). Sus decisiones, actuaciones y omisiones forman parte del análisis documentado que esta serie continuará desarrollando.

España y Perú, atención. Esta nueva serie retoma la investigación sobre Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) y sus filiales en el Perú, dando continuidad a hechos documentados y preguntas que aún permanecen sin respuesta. Lo que se publicó el año pasado no fue especulación: fueron evidencias, nombres y fechas. Hoy, esos hechos se conectan con nuevas decisiones y casos que exigen respuestas claras.

Hay silencios que no son casuales. Son decisiones.

EL AÑO PASADO, entre octubre y noviembre, durante 5 semanas, una serie de publicaciones documentó hechos, planteó preguntas directas y expuso evidencias sobre el accionar de Bomberos Unidos Sin Fronteras España en el Perú. Los textos no fueron ambiguos ni insinuaron en abstracto: interpelaron con nombres propios, con hechos verificables y con preguntas concretas dirigidas a sus principales responsables.

Edgar Salomón Castañeda, funda BUP el 2015, se desliga de BUSF Perú y el 2019 envía una carta a BUSF España diciendo que va a devolver los bienes del CRAC ¿?

LO QUE YA SE DOCUMENTÓ

Nuestra investigación reconstruyó cómo la filial peruana de BUSF fue desmantelada y usurpada por intereses privados, manteniendo intacto el RUC y los fines sociales de la organización original. Mostramos cómo el Centro de Respuesta ante Catástrofes (CRAC) de Arequipa, construido en su totalidad por el Ayuntamiento de Madrid y donaciones ciudadanas, quedó bajo control de un grupo que lo convirtió en plataforma para negocios privados. También se documentaron los vínculos de esta filial peruana con la estafa internacional de LINCECI, donde recursos solicitados para los niños enfermos de cáncer en el Perú fueron desviados, y cómo el silencio de BUSF España permitió que la usurpación y la impunidad continuaran.

Publicamos documentos notariales, registros de SUNARP y pruebas que evidencian la continuidad jurídica de BUSF Perú bajo la usurpación, las manipulaciones estatutarias y la existencia de un circuito de operaciones paralelo que explotó la marca y los recursos humanitarios. Sin respuestas institucionales, las preguntas quedaron abiertas: ¿por qué no se recuperó la filial? ¿por qué se permitieron nuevas delegaciones con la misma marca? ¿dónde están los bienes y recursos donados por la cooperación internacional?

El silencio se convirtió así en un hecho político en sí mismo. Porque cuando una organización que opera bajo la narrativa de la cooperación y la ayuda humanitaria decide no responder cuestionamientos públicos sobre hechos concretos, lo que comunica no es prudencia, sino un patrón de relación con la rendición de cuentas. Y eso importa.

Importa porque la legitimidad de cualquier institución declarada de Utilidad Pública en España no se sostiene solo en sus acciones, sino en su disposición a explicar, aclarar y asumir responsabilidades cuando surgen dudas razonables. Las publicaciones no buscaban polémica. Buscaban respuestas. Pero frente a preguntas directas, la estrategia de BUSF España ha sido el silencio prolongado. Cuando el silencio se vuelve sistemático, deja de ser ausencia de comunicación y pasa a ser una postura institucional.

Una postura que inevitablemente abre una interrogante mayor:
👉 ¿Qué significa que, ante cuestionamientos documentados, una organización prefiera no responder?

En el espacio público, el silencio no es neutral. Debilita la confianza, amplifica las dudas y convierte lo que pudo resolverse con transparencia en un tema que persiste y crece. Por eso, esta nueva etapa no parte de especulaciones, sino de hechos concretos y verificables: hubo preguntas, hubo evidencias, y no hubo respuestas. Y cuando eso ocurre, lo responsable no es cerrar el tema: es seguir preguntando.

El Centro Iberoamericano de Respuestas ante Emergencias y Catatrofes (CRAC), fue transferido por el MIDAGRI que solo es dueña del terreno y no de la Infraestructura

NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN

Ante la persistencia del silencio y frente a la última respuesta enviada por Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras España, una comunicación que no despeja los hechos documentados ni aporta sustento verificable a sus afirmaciones, esta investigación ha sido formalmente elevada a instancias oficiales en España para requerir información pública y documentación sobre el proyecto del Centro de Respuesta ante Catástrofes (CRAC) de Arequipa, su financiamiento, su supervisión y su trazabilidad institucional.

Cuando una organización declarada de utilidad pública no responde con claridad, corresponde acudir a los canales institucionales competentes. No como gesto político, sino como acto de responsabilidad cívica y periodística. Porque los recursos involucrados no son privados: son fondos públicos y donaciones ciudadanas que merecen transparencia.

Esta elevación institucional no es un cierre. Es una apertura.

LO QUE ESTA SERIE PONDRÁ SOBRE LA MESA

Esta nueva serie no es una repetición de lo ya publicado. Es una profundización basada en hechos recientes y decisiones concretas que hoy generan nuevas preguntas públicas. En los próximos números se abordarán casos que concentran las mayores preocupaciones institucionales:

Autoescala donada por BUSF España que esta siendo utilizada en Iquitos a pesar de los riesgos que implica trabajar sin la cesta

👉 Autoescala en Iquitos: A partir de declaraciones públicas de Fernando Carballo, analizaremos la responsabilidad técnica, la seguridad laboral y la gestión de un recurso crítico donado, actualmente en operación en Loreto.

👉 Centro de Rescate ante Catástrofes (CRAC) en Arequipa: Tras su transferencia vinculada a decisiones administrativas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, revisaremos el impacto institucional y la continuidad del control de la filial usurpada.

Además, la serie pondrá énfasis en:

• Preguntas directas a la dirigencia de BUSF España: decisiones adoptadas, responsabilidades asumidas o no asumidas, criterios aplicados en proyectos sensibles y mecanismos de supervisión.
• Implicancias para la cooperación internacional: cómo estos hechos afectan la confianza institucional, la percepción de los proyectos humanitarios, la relación con beneficiarios y autoridades locales, y los estándares éticos en cooperación.
• Implicancias jurídicas y de responsabilidad: deber de diligencia en donaciones técnicas, obligaciones de seguridad, estándares internacionales aplicables y posibles escenarios legales.
• Exigencia final de transparencia: porque la solidaridad y la cooperación solo son legítimas cuando están acompañadas de rendición de cuentas y responsabilidad frente a quienes se dice servir.

Porque no se trata solo de hechos aislados. Se trata de entender cómo se toman decisiones, cómo se asumen responsabilidades y cómo se protege —o no— la confianza pública en proyectos que operan bajo la narrativa de la ayuda humanitaria. Y cuando las preguntas son razonables y están documentadas, insistir en ellas no es confrontar. Es cumplir con una responsabilidad pública.

En 2009, el Congreso de la República del Perú otorgó al Ayuntamiento de Madrid un reconocimiento por su excelencia en cooperación, la medalla de oro grado Gran Capitán, distinción recibida por la entonces representante municipal, Dña. Ana Botella Serrano, de manos del presidente del Congreso peruano Javier Velásquez Quesquen 

EN RESUMEN

El silencio no es neutral. Cuando una organización que se presenta como baluarte de la solidaridad internacional prefiere mirar hacia otro lado, deja que la usurpación, el lucro privado y la pérdida de patrimonio público continúen sin freno.

España y Perú merecen respuestas. Los ciudadanos, los cooperantes y las víctimas de estas decisiones no pueden seguir pagando el costo del confort institucional de BUSF España.

Si hubo voluntad de transparencia, debió mostrarse hace años. Hoy, lo que queda es la evidencia de omisión prolongada, complicidad implícita y una narrativa que se desploma frente a los hechos.

La pregunta final es brutal y clara:

¿Estamos ante negligencia prolongada o complicidad activa?

Porque en la cooperación humanitaria, callar frente a la traición es tan grave como traicionar con acciones. Y BUSF España está frente a ese espejo.

Alberto Vela

Diario UNO AL DÍA