BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS (BUSF) ANTE EL ESPEJO: LA HORA DE RESPONDER

La respuesta editorial de este medio a la carta y al comunicado remitidos por Antonio Nogales Rodríguez, presidente de BUSF España

I. El silencio de España que permite la usurpación y las presuntas estafas que continúan en Perú

BUSF España guarda silencio mientras su filial peruana ha sido desmantelada, usurpada y transformada en una plataforma de presunta estafa internacional con presuntos negocios privados bajo el mismo sello humanitario que alguna vez representó cooperación y solidaridad internacional.

Hoy, tras recibir la carta fechada el 7 de noviembre y el comunicado del 26 de octubre de 2025 firmados por Antonio Nogales Rodríguez, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) España, este medio —UNO AL DÍA— responde.
Lo hacemos con documentos notariales, registrales y de valor judicial en la mano, con la convicción de que la opinión pública merece claridad, no ambigüedades ni relatos autoexculpatorios.

Los hechos presentados en este reportaje no son interpretaciones.
Son evidencias.

II. De qué trata realmente esta historia

En 2015, la filial original BUSF PERÚ (creada en 2003), sufrió una modificación estatutaria ilegal impulsada por Edgar Salomón Castañeda.
Con un solo acto administrativo:

• alteró el nombre,
• modificó 31 artículos,
• y tomó control total del registro,
• sin crear una nueva persona jurídica
  (la prueba irrefutable: mantuvo el mismo RUC 20413750866).

Así nació BUP (Bomberos Unidos del Perú), no como una organización nueva, sino como una usurpación formal del registro original de BUSF PERÚ.

Mientras esto sucede, BUSF España —matriz de la organización— sigue sin reaccionar.

Ni denuncia.
Ni reclama.
Ni hace los esfuerzos exigibles para recuperar su patrimonio pagado con dinero ciudadano.
Ni se pronuncia públicamente.

Este silencio ha permitido que el CRAC, el Centro Iberoamericano de Respuesta Ante Emergencia y Catástrofes Naturales de Arequipa, símbolo de la cooperación española en el Perú, haya permanecido bajo dominio del propio Salomón.

El documento que revela lo que nunca debió ocurrir

En septiembre de 2019, en pleno funcionamiento del Centro de Respuestas Ante Catástrofes (CRAC) de BUSF en Arequipa —una instalación creada para salvar vidas y responder a emergencias— el entonces presidente de la filial usurpada, Edgar Salomón Castañeda, envió una carta oficial a Antonio Nogales, presidente de BUSF España.
En ella, se comprometía a devolver íntegramente el CRAC, sus equipos, sus recursos y sus materiales. Un acto que, de haberse cumplido, habría permitido restituir la cadena de emergencias, reactivar los protocolos de seguridad y devolver a la población un centro vital para la respuesta ante desastres.

Pero esa devolución nunca ocurrió.
Nunca entregaron el CRAC.
Nunca devolvieron los materiales.
Nunca restauraron la estructura operativa.

La carta fue, simplemente, una cortina de humo dentro de un entramado que hoy se revela con la claridad de los hechos: una maniobra para ganar tiempo, enfriar responsabilidades y mantener bajo control una infraestructura diseñada para salvar vidas… pero que terminó capturada y paralizada por intereses ajenos a su fin humanitario.

El resultado no fue solo administrativo.
No fue solo institucional.
Fue humano.

Mientras el CRAC permanecía secuestrado —primero bajo la dirección usurpada y luego bajo la inacción de quienes debieron exigir su restitución— el país enfrentó una pandemia global sin contar con una infraestructura que ya existía, estaba equipada y había sido construida para responder.
Cada minuto perdido, cada camión detenido, cada protocolo inutilizado, representa vidas que pudieron ser salvadas y no lo fueron.

Hoy, esa carta —que prometía una devolución inmediata “para que BUSF España tenga la capacidad legal de operar en el Perú”— se ha convertido en una pieza clave que desnuda no solo el engaño, sino también la gravedad de una omisión que aún pesa sobre centenares de familias que nunca recibieron la respuesta de auxilio que ese centro debió brindar.

Esto pone ante el espejo a BUSF España y exigir que responda por aquello que permitió, por aquello que omitió y por aquello que nunca se restituyó.
Porque el silencio ya no es una opción.
Porque la humanidad exige memoria.
Y porque las vidas que no se salvaron siguen siendo el cargo pendiente que ninguna organización puede ignorar.

Mientras tanto, siguen presentándose ante cooperantes internacionales como si nada hubiese ocurrido.

III. El comunicado de BUSF España: la contradicción central

El documento remitido por Antonio Nogales intenta deslindar responsabilidades afirmando que BUSF España “no tiene relación” con la delegación usurpada desde 2015, y que hoy trabaja únicamente con dos “nuevas delegaciones” creadas en 2020 (Loreto) y 2023 (Puno).

Pero el propio comunicado contiene una contradicción que destruye su argumento:

“En 2015 la que fue una delegación de BUSF en Perú realiza un cambio en los estatutos… Desde ese momento nuestra organización deja de tener relación con esta nueva organización… En agosto de 2020 BUSF PERÚ vuelve a inscribirse en Iquitos… Desde entonces ejecutamos proyectos en coordinación con estas dos nuevas delegaciones.”

La afirmación es insostenible por tres razones:

1. No hubo “nueva organización”: hubo usurpación del registro original.

El RUC, los fines sociales, el historial tributario y el objeto institucional siguieron siendo exactamente los mismos.

2. Las “nuevas delegaciones” fueron creadas después del daño.

Se registraron en 2020 y 2023, cuando:

• el CRAC ya estaba perdido,
• los bienes habían desaparecido,
• y la organización usurpada (BUP) operaba con total normalidad ante autoridades peruanas.

3. BUSF España sigue usando la misma marca y validando la confusión.

Lejos de iniciar acciones legales, opta por convivir con la usurpación:
tres organizaciones distintas usando el mismo nombre BUSF, dos apoyadas por España y una controlada por el grupo que modificó ilegalmente los estatutos.

Esta coexistencia institucional solo podía ocurrir bajo una condición:
la tolerancia —implícita o explícita— de BUSF España.

IV. La responsabilidad de BUSF España: lo que no dijo el comunicado

Las omisiones de España no pueden interpretarse como errores administrativos.
Constituyen fallas graves de control institucional.

Las preguntas que la organización no ha respondido —y que deben ser respondidas públicamente— son las siguientes:

1. ¿Por qué BUSF España no denuncia penalmente la usurpación de su filial en 2015?

2. ¿Por qué opta por crear nuevas delegaciones en lugar de recuperar el CRAC y el registro original?

3. ¿Por qué no ha informado a las autoridades españolas ni a sus cooperantes europeos sobre la pérdida de control institucional en el Perú?

4. ¿Cómo puede afirmar independencia jurídica si las nuevas asociaciones peruanas usan el mismo nombre, la misma marca y actúan —ante autoridades y medios— en nombre de BUSF España?

5. En la ESTAFA DE LOS CINCO MILLONES DE EUROS (LINCECI) a nombre de los niños peruanos enfermos de cáncer ¿Por qué BUSF España afirma no tener relación, si los protagonistas de esa estafa internacional también eran dirigentes de BUSF Perú?

Este último punto es particularmente grave:

• Edgar Salomón era presidente de BUSF PERÚ cuando se creó la trama LINCECI en Arequipa, Perú.
• Su hermana, Sandra Salomón, era tesorera de BUSF Perú.
• A la vez, ambos ocupaban cargos en LINCECI: Edgar, tesorero y la hermana, secretaria

¿Cómo puede BUSF España sostener que no existe relación con la trama en nombre del cáncer infantil, LINCECI, publicado está tanto en España como en Perú, que estafó 5 millones de euros a los niños del Perú?

La respuesta, al parecer, no está en lo que se dice, sino en lo que se evita decir.

V. Análisis técnico–jurídico: la responsabilidad por omisión

Expertos consultados coinciden en tres puntos esenciales:

1. Deber legal de vigilancia

Como organización declarada de “Utilidad Pública” en España, BUSF tiene la obligación jurídica de supervisar a sus filiales en el extranjero.

No hacerlo constituye incumplimiento del deber de diligencia
(art. 36 del Código Civil y Ley 49/2002).

2. La usurpación no creó una nueva entidad

La permanencia del RUC, de los fines institucionales y del objeto social demuestra continuidad jurídica, no ruptura.

Esto significa que BUSF España sigue siendo responsable de lo ocurrido con la filial desde 2015 hasta hoy.

3. Posible complicidad por omisión

El artículo 28 del Código Penal español considera que la omisión en actos donde existe deber de actuar equivale a cooperación necesaria.

Si BUSF España conociendo los hechos no actúa, no estamos ante un simple descuido administrativo.
Estamos ante una complicidad por tolerancia.

VI. Lo que ha ocurrido mientras España calla:

Mientras BUSF España guarda silencio:

• el CRAC fue desmantelado;
• las ambulancias han desaparecido;
• la sede de Arequipa saboteada ilegalmente;
• convenios estatales son firmados por la entidad usurpada;
• y la marca BUSF sigue siendo utilizada como fachada de proyectos privados.

Todo ello bajo el paraguas simbólico de una organización española que sigue recibiendo fondos europeos y presentándose ante la cooperación internacional como si su filial estuviera intacta.

Este es el verdadero núcleo de la historia:
la matriz sabe que ha perdido el control, pero prefiere minimizar, ocultar o convivir con la realidad.

Comentario del editor: el silencio que condena

Hay silencios que se justifican.
Y hay silencios que delatan.

El silencio de BUSF España pertenece a esta última categoría.

Su directiva permite —por omisión, por comodidad o por complicidad velada— que la obra de cientos de voluntarios se haya convertido en terreno fértil para la usurpación, el beneficio privado y la pérdida de un patrimonio financiado con fondos europeos.

Hoy, tras la carta de Antonio Nogales, queda claro que la organización debe asumir responsabilidad.
Pero prefiere aferrarse a un relato institucional aunque se derrumbe frente a la evidencia legal y jurídica.

La pregunta que ya no puede evitarse es simple y brutal:

¿Estamos ante una negligencia prolongada o ante una estructura de encubrimiento?

Sea cual sea la respuesta, el veredicto ético es inapelable:
la omisión también es culpa.

Si a BUSF España le queda un mínimo de decencia institucional, su directiva debería asumir responsabilidades y poner los hechos ante las autoridades Judiciales de España y en Perú.

El tiempo dirá si lo hacen.

¡En UNO AL DÍA mientras tanto seguimos comprometidos, para que la FISCALIA y AUTORIDADES anti CORRUPCIÓN actúen!

El silencio, cuando encubre, es tan grave como la acción.

En conclusión

Este medio reafirma:

1.   BUSF España es responsable institucional y moral por la usurpación, el daño patrimonial y la pérdida del CRAC.

2.   Las filiales actuales de BUSF en Perú no pueden considerarse independientes mientras usen la misma marca y sirvan de sustituto de una filial usurpada.

3.   No existe ruptura jurídica: la continuidad del RUC de 2003 lo demuestra.

4.   El comunicado del 26 de octubre que nos envía ANTONIO NOGALES es una pieza de autoexculpación incompatible con la evidencia jurídica.

5.   La directiva de España debe responder públicamente por su rol en esta trama.

La cooperación internacional merece transparencia.
La verdad merece ser dicha.
Y el Perú merece no volver a ser escenario de impunidad solidaria.

Diario La Selva

Alberto Vela - Diario UNO AL DÍA