LOS OPINÓLOGOS DEFENSORES DEL CAPITALISMO SIN CAPITALISTAS

“Cuando el poder económico logra que la ley lo proteja del Estado, ya no hay economía, hay feudalismo con firma legal.” — Apotegma apócrifo de la República cautiva

En el Perú, la palabra zurdo funciona como salvoconducto moral.
Es el comodín de quienes no quieren pensar, el escudo de los que temen que se note de qué lado están.
Cada vez que alguien habla de redistribución, justicia fiscal o derechos sociales, un opinólogo se apresura a sentenciar:
—“No se puede eliminar la pobreza quitándole a los ricos y dándole a los pobres, como creen los zurdos”
Y con esa frase vacía cree haber ganado el debate, cuando en realidad lo que ha hecho es defender a los verdaderos responsables del despojo.

El Estado secuestrado

El problema del Perú no es la pobreza, sino quién administra la riqueza.
Y esa administración ha dejado hace tiempo de ser pública.
El Estado fue tomado desde dentro por los grupos económicos que lo financian, lo asesoran y lo manipulan.
Ya no es el árbitro del juego, sino un jugador comprado; ya no gobierna, gerencia intereses ajenos.
Esa es la esencia de la captura: un Estado que parece funcionar, pero que ha sido vaciado de soberanía.

No se trata de una teoría conspirativa, sino de una práctica sistemática.
Las leyes no nacen del Congreso: se redactan en los estudios jurídicos de las grandes corporaciones, se cocinan en los ministerios y se blindan en los medios.
Todo con el sello de la “modernización” y el disfraz de la “seguridad jurídica”.

El contrato-ley: el acta notarial del despojo

Entre todos los mecanismos de captura, ninguno más perverso y duradero que el contrato-ley.
Esa figura, exclusiva del Perú, otorga a las grandes empresas un privilegio que ni las monarquías concedían: el derecho de congelar el Estado.
Durante décadas, cualquier intento de modificar las condiciones tributarias, ambientales o laborales que afecten a esas corporaciones es considerado una “violación de contrato”.
La Constitución los blinda.
El Parlamento los refrenda.
El Poder Judicial los obedece.

Así, mientras el ciudadano común vive bajo leyes cambiantes, los grandes consorcios gozan de leyes privadas e inmutables, hechas a su medida y protegidas contra la soberanía nacional.
No hay otro país en el mundo donde el Estado firme su propia impotencia con tanta solemnidad.

Los contratos-ley son la escritura pública del despojo estructural: un documento donde la nación renuncia al derecho de gobernarse.
Y lo más perverso es que se presentan como garantía de inversión, cuando en realidad son garantía de sumisión.

El capitalismo de concesión

En este modelo, el empresario no invierte: gestiona rentas estatales.
No compite, negocia beneficios.
El éxito no depende del talento, sino de la cercanía con el poder.
Es un capitalismo sin capitalistas: una economía que vive del privilegio, no de la productividad.
Por eso, los defensores del modelo —esos que se autodenominan “realistas” o “pragmáticos”— no defienden el libre mercado: defienden el monopolio legalizado.

Se llenan la boca hablando de eficiencia, pero no toleran la competencia.
Aplauden la meritocracia, pero firman contratos que aseguran sus utilidades por décadas.
Y cuando alguien cuestiona ese sistema, lo llaman zurdo, comunista o resentido, como si la justicia social fuera un delito de opinión.

Los opinólogos como reflejo del despojo

Hay un detalle revelador que explica mejor que cualquier teoría la función de los opinólogos en este engranaje del despojo.
No crean ideas: reaccionan a frases.
Están atentos, al acecho, a cualquier comentario en redes o en la prensa donde alguien se atreva a sugerir que la riqueza debe redistribuirse o que el Estado tiene responsabilidades más allá del lucro.
Apenas leen algo así, saltan de inmediato, casi con reflejo animal, para exhibir al “culpable” y sentenciar, con su fórmula infalible:
—“No se puede eliminar la pobreza quitándole a los ricos y dándole a los pobres, como quieren los zurdos.”

Y ahí termina su tarea: no argumentan, repiten.
Su satisfacción no proviene del razonamiento, sino del eco que produce la consigna. No se sienten ideológicamente comprometidos, sino moralmente superiores. Creen haber defendido la civilización, cuando en realidad solo han demostrado su dependencia de un guion ajeno.

No son liberales ni conservadores: son devotos de su propia ignorancia.
Confunden eslogan con conocimiento, consigna con pensamiento, y creen que oponerse a cualquier noción de redistribución es prueba de lucidez económica.

En el fondo, no defienden el capitalismo: defienden su ilusión de pertenecer al lado correcto de la historia. Y en ese acto de fe torpe y automático, contribuyen a consolidar la arquitectura simbólica del despojo: un país donde los que menos saben son los que más hablan, y donde la ignorancia, repetida con suficiencia, se vuelve doctrina nacional.

Alberto Vela