LOS FAMOSOS CONTRATOS-LEY: EL BLINDAJE DEL SAQUEO

En el Perú, la economía funciona como un país al revés. Mientras en todo el mundo los contratos con el Estado se rigen por un principio elemental —la soberanía fiscal: ningún contrato puede estar por encima de la Constitución ni de la ley—, aquí se inventó una fórmula que asegura exactamente lo contrario: los contratos-ley.

En Estados Unidos, si mañana cambia la legislación tributaria, ninguna empresa puede alegar “seguridad jurídica” para no pagar. En Francia, en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, en Canadá, en Sudáfrica… donde usted mire, el principio es el mismo: las leyes de la República están por encima de cualquier convenio privado.

En el Perú, en cambio, desde 1993 se les otorgó a las grandes empresas y conglomerados extranjeros el privilegio de blindar sus inversiones con contratos que funcionan como constituciones paralelas, intocables por décadas. Pactan con el Estado un régimen especial de estabilidad tributaria y jurídica, y pase lo que pase —cambie el gobierno, cambie el Congreso, cambien las leyes— sus reglas quedan congeladas.

Ese es el “milagro peruano” que celebran desde Washington y desde las sedes corporativas de Madrid, Londres, Beijing o Nueva York. Mientras los hospitales colapsan, las universidades públicas sobreviven a punta de huelgas y el sistema eléctrico de Loreto, GenRent, se sostiene con generadores chatarra alquilados a precio de oro, las grandes mineras, petroleras y forestales gozan de estabilidad asegurada, como si vivieran en una burbuja blindada.

Por eso, cada vez que se menciona la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el coro de economistas de vitrina —comenzando por Julio Velarde en el BCR, que se ufana de su “prudencia técnica” pero calla frente a este escándalo estructural— responde con el mismo libreto: “pánico financiero, fuga de capitales, derrumbe económico”.

¿De qué tienen miedo realmente? No de la democracia ni de la “inseguridad jurídica”. Temen que el Perú vuelva a la normalidad que rige en el mundo: que el Estado recupere su soberanía fiscal y que los contratos dejen de estar por encima de la Constitución.

Lo aberrante no es hablar de cambiar las reglas, sino haber aceptado que durante 32 años el país fuera secuestrado por contratos blindados, escritos para que el capital siempre gane y el pueblo siempre pierda.

La pregunta es simple: ¿vamos a seguir permitiendo que la Constitución sea un chaleco antibalas para las corporaciones? ¿O vamos a recuperar el sentido común de cualquier República: que las leyes emanan de la voluntad soberana del pueblo, y que ninguna empresa está por encima de ellas.

En un país con un sistema político corrompido hasta los huesos, nada de lo que beneficia a los grandes capitales es gratis. Los contratos-ley —esos que blindan regalías, tributos y privilegios empresariales por décadas— tienen un precio oculto: el de la coima que circula en los pasillos del Congreso, en los despachos ministeriales, en los estudios de abogados que arman las fórmulas “técnicas” y en las campañas electorales financiadas bajo la mesa.

Por eso pasa lo que algunos saben muy bien: desde 1993, el Congreso peruano ha modificado más de 70 artículos de la Constitución. Han cambiado normas sobre justicia, sobre regiones, sobre funciones del Ejecutivo, sobre representación política… pero el capítulo económico permanece intocado, inalterable, intocable como un dogma de fe. ¿Milagro? No. Es negocio.

Mientras los congresistas se prestan para discutir si debe haber bicameralidad, si un sentenciado puede postular, si la reelección parlamentaria regresa o no, nadie toca el corazón del modelo. ¿Por qué? Porque allí están las escrituras del saqueo:

• La intangibilidad de los contratos-ley.
• La libre transferencia de capitales al exterior.
• La estabilidad tributaria como derecho adquirido.
• La sacralización de la “iniciativa privada” por encima del interés público.

Ese blindaje no se explica por la genialidad económica de nadie, sino por la corrupción estructural de una clase política alquilada. Cada elección, cada campaña, cada voto comprado en el Congreso es parte de la factura que garantiza que el capítulo económico siga siendo la biblia de los poderosos.

En resumen: los contratos-ley no solo son un mecanismo de saqueo, son también el seguro de impunidad de un sistema político podrido, que se sostiene porque congresistas, ministros, gobernadores y presidentes saben que tocar esas cláusulas intocables significa cortarse el caño de su propio financiamiento ilegal.

Alberto Vela