LAS ZONAS ECONÓMICAS PRIVADAS: ¿DESARROLLO O NUEVA COLONIZACIÓN ECONÓMICA?

Hace pocos días, el Congreso aprobó —por insistencia— la Ley N.º 32449, que crea el “Tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP)”. A primera vista suena bien: “promover inversiones”, “mejorar la competitividad”, “impulsar el desarrollo regional”. Pero detrás de ese lenguaje técnico se esconde un cambio profundo en la manera en que el Estado cede —literalmente— el manejo del territorio económico del país a intereses privados.

¿Qué permite esta ley?

La norma autoriza que empresas o personas privadas creen sus propias zonas económicas especiales: espacios dentro del país donde las reglas tributarias y aduaneras comunes no aplican. En esas zonas, durante los primeros 25 años, el pago de impuestos será casi simbólico:

• 0 % de impuesto a la renta durante los primeros 5 años,
• 7.5 % hasta los 10 años,
• 10 % hasta los 15 años,
• 12.5 % hasta los 20,
• y 15 % hasta los 25 años.

Mientras tanto, el resto del país sigue pagando el 29.5 %.
Además, no se pagará IGV ni Impuesto Selectivo al Consumo por bienes y servicios dentro de estas zonas. En pocas palabras: un paraíso fiscal legalizado dentro del territorio nacional.

El papel del Estado: de gobernar a “certificar”

Lo más delicado no es solo la exoneración, sino el mecanismo.
El proceso de creación es así:

1. Un privado presenta su solicitud al MINCETUR.
2. El ministerio evalúa y pasa el expediente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
3. La PCM presenta la iniciativa al Congreso, que tiene la última palabra para aprobarla por ley.

Esto significa que el Estado ya no planifica ni lidera el desarrollo económico; solo lo valida, lo certifica y lo entrega en bandeja.
Y el Congreso —no un ente técnico, sino político— decidirá quién obtiene el privilegio. En otras palabras, se abre la puerta al clientelismo político y las “zonas a medida” para grandes conglomerados, amigos del poder o empresas con capacidad de presión.

Privatización del territorio económico

En el fondo, esta ley consolida una lógica del capítulo económico de la Constitución de 1993: la del libre mercado absoluto y la mínima intervención del Estado.
Pero ahora se da un paso más: la creación de territorios privados dentro del territorio nacional, con sus propias reglas y exoneraciones.

Si lo trasladamos a la realidad de Loreto, el riesgo es evidente:
en lugar de planificar un desarrollo amazónico integral, las grandes corporaciones extranjeras y ONG con financiamiento internacional podrían apropiarse de los espacios más estratégicos —cerca de los ríos, de los recursos forestales o biológicos— con la excusa de crear “zonas especiales”.
Y lo harían sin obligación real de reinvertir, capacitar ni transferir tecnología a la región.

El espejismo del “desarrollo sin Estado”

Los defensores de la ley dirán que esto atraerá inversión y empleo. Pero sin infraestructura pública ni articulación con las economías locales, el resultado será otro.
Ya lo vivimos con los “megaproyectos extractivos”: la riqueza sale, los impuestos no llegan, y las comunidades siguen en abandono.

Para entender el contraste, basta mirar el caso de Manaos (Brasil), que logró consolidarse como polo industrial amazónico gracias a dos factores que esta ley ignora completamente:

1. Infraestructura estatal garantizada: hidrovía navegable, carreteras, energía, conectividad y subsidios al transporte que abaratan costos logísticos.
2. Plan regional articulado con universidades, institutos y clústeres tecnológicos: el Estado impulsó la formación de técnicos, investigadores y emprendedores locales, para que la industria tuviera base humana y científica en la región.

En el Perú, en cambio, la ley propone lo contrario: infraestructura y conocimiento local quedan fuera del diseño, mientras los privados gozan de exoneraciones sin compromisos claros con el entorno.

“Islas privadas de rentas exoneradas”

Sin estos componentes, las ZEEP corren el riesgo de convertirse en simples islas privadas de rentas exoneradas, desconectadas del resto de la economía regional.
En lugar de impulsar el desarrollo, profundizarían la desigualdad: zonas amuralladas de prosperidad empresarial en medio de un entorno empobrecido y sin servicios.

Por eso, el punto más crítico está en la siguiente disposición de la ley:

“El MINCETUR y el CEPLAN deben publicar, en 90 días hábiles, un estudio sobre las potencialidades de las zonas económicas especiales privadas en los 24 departamentos del país.”

Si este estudio se hace sin participación ciudadana, sin gobiernos locales, sin universidades ni organizaciones sociales, el resultado será un documento hecho desde Lima, con criterios de escritorio que desconocen la realidad amazónica.
Es decir, una vez más decidirán desde arriba qué se hace con los territorios que otros habitan y sostienen.

Lo que debemos exigir

Si el gobierno central y el Congreso realmente quieren hablar de “desarrollo regional”, entonces deben cumplir con tres condiciones básicas:

1. Participación ciudadana real en la definición de las zonas y en los estudios de potencialidades.
2. Garantía de infraestructura pública: sin carreteras, energía, hidrovía y conectividad digital, ninguna inversión privada generará efecto multiplicador.
3. Transferencia tecnológica y formación de talento local: exigir que las empresas que se instalen formen a jóvenes, apoyen universidades y desarrollen innovación en la región.

En conclusión

Esta ley, presentada como una oportunidad de progreso, puede convertirse en un nuevo capítulo de desposesión si no se controla democráticamente.
Loreto, y todas las regiones del país, deben exigir que las llamadas “Zonas Económicas Especiales Privadas” no sean instrumentos para perpetuar la dependencia y el saqueo con otro nombre.

El desarrollo no llega por decreto ni por exoneraciones; llega cuando el pueblo participa, el Estado planifica y la riqueza se queda donde se produce.

Alberto Vela

Fuente de la Información: Podcast del C.P.C. Manuel Noriega 

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