“VOY A LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”

“Cuando existen contactos y amigos en el poder judicial, siempre la víctima perderá”.

La frase, escrita por el tío de una joven que fue abusada desde los 11 años, no es solo un lamento personal: es el retrato de una ciudad donde las víctimas sienten que la justicia no existe para ellas.

Un agresor “campante” por las calles

El caso es indignante. El esposo de la gerente de logística del Gobierno Regional de Loreto fue denunciado por su propia sobrina política, quien aseguró haber sido violentada desde que tenía 11 años. Hoy, con 22 años, ella alzó la voz para exigir justicia. Sin embargo, lo único que el sistema ha hecho es dictar una orden de distanciamiento. Ni prisión preventiva, ni diligencias urgentes, ni avances visibles.

Mientras tanto, el denunciado anda libre por las calles de Iquitos, protegido por sus vínculos políticos y amparado en la pasividad de fiscales y policías.

Una justicia que camina al ritmo del poder

Este no es un caso aislado. Hace dos días otra familia denunció que su hija de 16 años fue drogada y violada en el estudio jurídico donde se encontraban hijos de abogados influyentes. La madre lo dijo con claridad: “No me importa quiénes sean, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias”. Pero el proceso avanza con la lentitud de un motelo: pedidos fiscales débiles, pruebas que se revisan tarde, cámaras que se pierden en el tiempo.

Ambos casos confirman lo mismo: en Iquitos, la justicia no se mueve por la gravedad del delito, sino por el peso de los apellidos.

El costo social de la impunidad

Cada día que pasa sin sanción, las víctimas reviven el trauma y las familias cargan con la impotencia. Pero la herida es mayor: la sociedad entera pierde confianza en la justicia. Padres y madres sienten que sus hijas están desprotegidas, que cualquier niña puede ser blanco de “enfermos mentales” —como los describe el tío denunciante— y que el sistema jamás responderá con firmeza.

La consecuencia es devastadora: el silencio. Muchas adolescentes y mujeres deciden no denunciar porque saben que enfrentarse a familias influyentes significa exponerse a la burla, la revictimización y la derrota segura.

El trasfondo político y jurídico

En ambos casos —el del esposo de la funcionaria regional y el de los jóvenes vinculados a estudios jurídicos— lo que se evidencia es una red de protección política y judicial. Gobernadores, abogados reconocidos, exfiscales, funcionarios… nombres que pesan más que las pruebas.

La ausencia de prisión preventiva en delitos tan graves es un escándalo jurídico. El artículo 268 del Código Procesal Penal establece que procede la prisión preventiva cuando hay peligro de fuga, obstaculización de la justicia o la gravedad del delito. ¿Acaso una violación reiterada desde los 11 años no cumple esas condiciones? ¿Acaso un grupo de jóvenes con vínculos familiares poderosos no representa un riesgo de manipulación del proceso?

Lo que ocurre en Iquitos es más que negligencia: es un pacto de silencio y protección entre poder político y poder judicial. Cada vez que un fiscal decide no pedir prisión preventiva, cada vez que un juez prefiere “cautelares blandas”, lo que se transmite a la sociedad es un mensaje devastador: “la justicia no está de tu lado”.

Pero los familiares de las víctimas están rompiendo ese silencio. La madre de la adolescente de 16 años y el tío de la joven que denunció a su abusador lo han dejado claro: no se quedarán callados. Y su lucha, aunque desigual, es la única esperanza de que la justicia en Iquitos deje de ser un privilegio de los poderosos y comience a ser un derecho de todos.

“VOY A LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”

Cuando una madre dice “voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, no lo dice desde la comodidad de un escritorio ni con la frialdad de un expediente. Lo dice desde las entrañas, desde ese dolor que desgarra y que no da tregua. Es un juramento de vida: luchar por su hija aunque tenga que enfrentarse sola a un sistema podrido que protege apellidos y pisotea víctimas.

Esa frase es también un espejo: nos recuerda que en este país, muchas veces, la justicia no avanza si no hay una madre dispuesta a gritar, denunciar y arriesgarlo todo. Cada palabra suya es un golpe contra el silencio que mantiene a tantas niñas y mujeres en la sombra.

“Hasta las últimas consecuencias” significa que no habrá descanso, que no se comprará su silencio, que no se rendirá, aunque la quieran cansar con trámites, audiencias y tecnicismos. Es la fuerza de una mujer común enfrentándose a un aparato judicial que parece hecho para proteger a los poderosos.

Y quizás, lo más grande de esa frase, es que no solo habla por su hija: habla por todas las niñas que no tuvieron voz, por todas las madres que no pudieron gritar, por todos los casos que se quedaron en el olvido.

Alberto Vela