EL CIERRE DE BRECHAS EN EL PERÚ: EL ESPEJISMO DE LOS RECURSOS Y EL CORAZÓN PODRIDO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Las cifras que presenta José Mansen son demoledoras. Según la
Contraloría, más de 2,500 obras están paralizadas en el país, por un
monto que supera los S/ 43 mil millones de soles. Es la radiografía de
un Estado colapsado, donde hospitales, colegios, carreteras y sistemas de agua
quedan inconclusos, no por falta de dinero, sino por expedientes técnicos
deficientes, arbitrajes interminables, abandonos de obras y funcionarios
incapaces o cómplices de la corrupción.
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| La Contraloría informó que existen más de 2.500 obras paralizadas en todo el país, la mayoría en el sur y por administración directa. |
La descentralización, que en teoría debía acercar el Estado
a los ciudadanos, se ha convertido en una trampa: sin meritocracia, sin
cuadros técnicos y con redes políticas que capturan gobiernos regionales y
locales, la gestión pública se hunde en un círculo vicioso de pobreza y
desconfianza. La población no recibe servicios básicos y, en cambio,
observa cómo las promesas de “cerrar brechas” se transforman en contratos
amañados, sobrecostos y oportunidades perdidas.
Este drama nacional tiene un correlato evidente en Loreto.
Hoy, municipalidades del circuito petrolero presionan para el llamado
“apalancamiento” del fideicomiso indígena. En la práctica, significa pedir que
se les adelante dinero para gastarlo sin contar con un plan de desarrollo
territorial que oriente esas inversiones hacia el bienestar real de sus
distritos y provincias. La urgencia no es técnica ni social: es clientelar. Se
busca un botín adelantado, disfrazado de proyectos de “cierre de
brechas”, cuando lo único que se repite es la vieja fórmula de corrupción y
despilfarro.
En este contexto, la advertencia de Mansen debe ser tomada en serio: cerrar brechas no se trata de abrir la billetera del Estado, sino de limpiar de raíz el sistema de gestión pública, erradicar la corrupción y construir capacidades reales para transformar los recursos en servicios básicos efectivos. De lo contrario, seguiremos atrapados en la retórica, mientras la gente continúa esperando agua, salud, educación y caminos que nunca llegan.
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| Estos alcaldes no tienen ni plan de inversiones. La urgencia no es técnica ni social: es clientelar y corrupta |
El espejismo de los recursos: ¿más dinero para qué?
El análisis de Mansen desnuda una verdad incómoda: el problema
del Perú no es la falta de dinero, sino su uso perverso y distorsionado.
Cada año, miles de millones se presupuestan en nombre de la reducción de
brechas, pero lo que llega a la población es mínimo. La corrupción convierte
las transferencias en una maquinaria de contratos direccionados, obras infladas
y proyectos inconclusos.
El dato es brutal: 2,572 obras paralizadas que
significan no solo dinero desperdiciado, sino vidas truncadas. Cada hospital no
terminado equivale a pacientes sin atención; cada colegio abandonado, a niños
que estudian en aulas precarias; cada sistema de agua potable inconcluso, a
comunidades que siguen condenadas al consumo de agua contaminada.
El costo no es solo económico, es social y moral. El Estado
peruano demuestra que puede gastar, pero no sabe —o no quiere— transformar
recursos en bienestar. La brecha, entonces, no se cierra: se perpetúa.
La trampa de la descentralización sin meritocracia
Mansen lo plantea con precisión: los gobiernos regionales y
locales, responsables del 60% de la inversión pública nacional, se han
convertido en agujeros negros donde se traga la plata del Estado. La
descentralización, diseñada para acercar la gestión a los pueblos, terminó
capturada por redes políticas sin cuadros técnicos, improvisados en cargos
clave y burócratas que ven la función pública como botín electoral.
Aquí no se trata de un error de diseño, sino de un modelo
sin contrapesos. No existe una verdadera meritocracia que seleccione
funcionarios capacitados, y cuando los hay, son removidos para dar espacio a
cuotas políticas. El resultado: expedientes técnicos deficientes, supervisión
inexistente y baja calidad en la ejecución de obras.
La consecuencia es un círculo vicioso: proyectos que
empiezan mal terminan peor, los costos se disparan, los arbitrajes se acumulan,
y al final, las comunidades se quedan con esqueletos de obras oxidadas.
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| Richard Vásquez, ex alcalde de Belén. Ideólogo del fideicomiso Indígena y Fronterizo |
Loreto: el apalancamiento como botín adelantado
En Loreto, este cuadro nacional se traduce en una perversión
local: las municipalidades del circuito petrolero exigen “apalancamiento” del
fideicomiso indígena. En otras palabras, adelantos de dinero sin tener un
plan de desarrollo que guíe las inversiones.
Lo que debería ser un fondo para cerrar brechas con visión
territorial y estratégica se convierte, en la práctica, en una caja chica para
alimentar clientelas políticas, financiar campañas futuras y repetir la lógica
de obras sin impacto real. No se discute cómo transformar el territorio, cómo
generar infraestructura productiva, cómo garantizar servicios básicos
sostenibles. Se discute quién se lleva la tajada primero.
El riesgo es evidente: el fideicomiso, que nació como una
esperanza de compensación y justicia, podría terminar convertido en otro
episodio de despilfarro. Y mientras tanto, las comunidades seguirán esperando
agua limpia, escuelas dignas y hospitales equipados.
Conclusión
El cierre de brechas en el Perú no se resolverá con
editoriales optimistas ni con presupuestos abultados. La raíz del problema,
como bien subraya el Ing. José Mansen, está en un Estado corroído por la
corrupción, paralizado por la mala gestión y atrapado en un modelo de
descentralización sin meritocracia.
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| Ing. José A. Mansen B. |
Alberto Vela
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