Hospital de Apoyo Iquitos: otra vez la salud como fachada de corrupción

 Ni bien las redes comenzaron a decir lo obvio —que por culpa del contratista el nuevo Hospital de Iquitos no estará listo ni en 2026, y quizás ni en 2027—, el gobernador René Chávez como si se tratara de un asunto de vida o muerte, y lo es, salió corriendo a “responder”. ¿Cómo? Montando un show en Facebook, rodeado de cajas cerradas en almacenes, caritas felices y emoticones como si eso cambiara la realidad.

Pero no, gobernador. Esto no es TikTok. Es corrupción. La Contraloría ya lo dijo sin filtros:
️ Más del 58% del presupuesto del equipamiento ha sido desembolsado.
️ No hay equipos instalados.
️ Varios ni siquiera han sido comprados.
️ Y los pagos se hicieron nueve meses antes de lo que decía el cronograma oficial.

Esto no es un retraso. Es una estafa. El contratista simuló avances. El Gobierno Regional avaló valorizaciones fantasmas. Y ahora, para encubrir todo, hacen un tour de “supervisión” que no supervisa nada. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién firma? ¿Quién se enriquece? Porque aquí no hay “ineficiencia”. Hay colusión. Falsedad. Malversación. Y encubrimiento.

¿Y mientras tanto? Pacientes siguen muriendo en un hospital colapsado. Trabajadores de salud saturados. Y una región atrapada en el círculo de la impunidad.

Sr. René Chávez: su show no convence a nadie. Si tiene dignidad, renuncie. Y si tiene algo que confesar, que lo haga antes de que lo citen como imputado.

Porque por más corazones y puñitos que el gobernador ponga en sus redes, la realidad es brutal: después de más de 10 años de espera, el nuevo Hospital César Garayar García sigue atrapado en el pantano de la corrupción, los contratos amañados y la impunidad sistemática. La Contraloría lo acaba de confirmar: el hospital no se terminará en 2025. Y si no pasa nada —como siempre—, quizás ni en 2026. Tal vez en 2027. O nunca.

Retraso técnico disfrazado de “supervisión”

El gobernador aparece en un video “supervisando” equipos médicos junto a representantes del contratista, VITALTEC cuando en realidad lo que vemos es una puesta en escena: equipos almacenados, no instalados, ni en funcionamiento. Y lo más grave: muchos de esos equipos ni siquiera han llegado a Iquitos. Algunos ni siquiera han sido comprados.

La trampa del adelanto y la valorización fraudulenta

Según el INFORME DE HITO DE CONTROL N° 012-2025-OCI/5345-SCC, el contratista declaró avances desde julio de 2024, nueve meses antes de lo programado, y tramitó pagos sin fichas técnicas ni evidencia de adquisiciones reales.

Más del 58% del presupuesto de equipamiento ya ha sido desembolsado (S/ 36.8 millones). ¿Dónde están los equipos? ¿Quién aprobó esos pagos? ¿Qué supervisores firmaron los informes de avance?

Esto no es ineficiencia: es delito

Lo que hay aquí es un esquema clásico de corrupción técnica:

  1. El contratista simula avances (con “valoraciones” de equipamiento inexistente).
  2. El residente de obra presenta valorizaciones fraudulentas.
  3. El supervisor y el Gobierno Regional avalan sin sustento técnico.
  4. El Estado paga millones por humo, mientras el hospital sigue en ruinas.

Esto se llama colusión, falsedad ideológica, negociación incompatible y malversación. Y no debería quedar impune.

¿Y quiénes son los contratistas?

Aquí aparece otro dato clave: los mismos de siempre. Empresas que rotan razones sociales, comparten directivos y aparecen en obras públicas de Loreto cada vez que hay una licitación jugosa. Este Consorcio Salud Garayar —cuyo nombre, propiedad y vínculos deben ser investigados a fondo— es el rostro visible de un sistema de contratación viciado desde el origen.

El hospital: promesa infinita, infraestructura colapsada

Mientras se juega a la simulación, el hospital actual sigue colapsado, con pacientes hacinados, personal saturado y una población que espera, sufre y muere en condiciones indignas. Esa es la verdadera tragedia detrás del titular.

¿Y ahora qué? La Contraloría detecta el delito, pero no actúa con firmeza

La Oficina de Control Interno (OCI) de la Contraloría General de la República ha documentado con claridad las irregularidades: pagos adelantados sin equipos, cronogramas manipulados, valorizaciones ficticias y supervisiones cómplices. Pero ¿de qué sirve la fiscalización si no hay consecuencias reales?

El informe solo recomienda que “se notifique al titular de la entidad” para que tome acciones preventivas y correctivas en cinco días. ¿Y si no lo hace? Nada.
Ya pasaron los días. No se sabe si esto ha pasado a Procuraduría o al Ministerio Público. No hay denuncia, ni seguimiento, ni transparencia.

¿El gobernador se va a autodenunciar? ¿El supervisor se va a sancionar a sí mismo?
Esto no es prevención. Es encubrimiento administrativo con sello legal.

Mientras no se actúe con firmeza, la corrupción seguirá ganando tiempo, plata… y vidas.

Conclusión: esto no es solo ineficiencia, es abandono criminal

El hospital debió terminarse en julio de 2025. Pero ahora nos dicen 2026. O 2027. ¿Qué más da, si al final no hay sanción, ni responsables, ni justicia?

Cada día que se retrasa esta obra, alguien gana dinero y alguien pierde la vida. Esa es la ecuación brutal de la corrupción en Loreto.

Alberto Vela

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