249 Ley 32108: Una norma con "nombres propios" que favorece a Bandas Políticas acusadas de crimen organizado

La controversia que rodea la Ley 32108 ha desatado una ola de protestas y movilizaciones en todo el Perú. Ciudadanos, gremios y expertos coinciden en que esta ley, lejos de combatir al crimen organizado, parece estar diseñada con nombres y apellidos, favoreciendo directamente a los líderes de partidos políticos  acusados ​​de operar como bandas criminales. Los señalados: Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular.

Mientras el país se hunde en una creciente crisis de inseguridad, con delitos como extorsión, sicariato y cobro de cupos afectando la vida diaria de los peruanos, el Congreso aprobó esta ley sin importar las consecuencias. Organizaciones empresariales y sindicales de peso, como el gremio de transportistas que descaradamente han sido extorsionados y asesinados varios choferes, Confiep, ComexPerú y la Sociedad Nacional de     Industrias (SNI), han sido categóricas en su rechazo, calificándola como una "puerta trasera" para la impunidad del crimen organizado.

¿Una ley con "nombres propios"?

La indignación crece debido a que varios partidos políticos con representación en el Congreso estarían protegiendo sus propios intereses a través de esta norma. Keiko Fujimori (Fuerza Popular), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y líderes de Renovación Popular enfrentan graves acusaciones por delitos como lavado de activos, financiamiento ilícito y corrupción, todos vinculados a redes criminales.

En lugar de fortalecer la lucha contra estos grupos, la Ley 32108 ha hecho más difícil que la Fiscalía y la Policía actúen contra ellos. Al modificar el concepto de "organización criminal", ahora es necesario probar que el  grupo tiene una "estructura compleja" y que busca controlar la cadena de valor de una economía ilegal. Un cambio que solo protege a los delincuentes organizados y a quienes los financian.

Limitaciones que frenan la justicia

Uno de los puntos más alarmantes de esta ley es cómo limita las herramientas de las autoridades para investigar y detener a los criminales. Bajo la nueva normativa, los fiscales no pueden solicitar el bloqueo de cuentas bancarias si estas contienen fondos de pensiones, salarios o están vinculados a organizaciones políticas legalmente reconocidas. Esto incluye a los partidos mencionados, cuyos líderes enfrentan procesos judiciales.

Además, las órdenes de allanamiento, una de las principales herramientas de la justicia para detener a los cabecillas del crimen organizado, ahora enfrentan severas restricciones. Ya no basta con tener "motivos razonables" para entrar a un inmueble. Se exige la presencia de un abogado defensor, y la Fiscalía debe presentar pruebas suficientes, lo que en la práctica dificulta aún más el accionar preventivo contra los delincuentes. Como si fuera poco, ya no es posible allanar para detener a los investigados en flagrancia. ¿A quién beneficia esto? A los líderes de partidos políticos, cual redes criminales, que están siendo investigados por corrupción y lavado de activos.

 La indignación en las calles

El 12 de noviembre, los gremios de transporte liderarán un Paro Nacional indefinido exigiendo la derogación de la Ley 32108 y acciones inmediatas para frenar la inseguridad. Esta protesta es solo el principio de una movilización más grande, que ya cuenta con el respaldo de sindicatos, asociaciones civiles y ciudadanos hartos de vivir con miedo en un país donde el crimen parece estar mejor protegido que ellos.

"¡La vida de los peruanos no es negociable!", claman los gremios de transporte en su comunicado, denunciando que esta ley es una traición al pueblo. Las movilizaciones comenzarán con acciones en Trujillo y otras ciudades del norte el 22 de octubre, para luego extenderse a Lima y el resto del país el 31 de octubre.

Un Congreso de espaldas al pueblo

El congresista Carlos Anderson ha sido uno de los pocos que ha levantado la voz, calificando la aprobación de esta ley como “un acto de irresponsabilidad política de proporciones históricas”. Anderson señala que muchos congresistas están protegiendo a sus propios líderes, quienes enfrentan graves acusaciones y necesitan leyes como esta para blindarse de la justicia.

Los peruanos se sienten cada vez más desamparados por un Congreso que, en lugar de combatir el crimen organizado, parece haber legislado a la medida de sus intereses políticos. La urgencia de modificar o derogar la Ley 32108 es evidente. Mientras tanto, la criminalidad sigue tomando control de las calles, y el pueblo está cada vez más cerca de un estallido social.

El país exige justicia

Este 12 de noviembre, el Perú podría vivir una de las movilizaciones más grandes en su historia reciente. Los gremios de transporte y los ciudadanos ya no quieren más discursos vacíos ni leyes que protejan a quienes deberían estar presos. Quieren acciones concretas, y el Congreso tiene la última oportunidad de demostrar que aún le importa el futuro del país.

La pregunta sigue siendo: ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios por la Ley 32108? Los peruanos ya no tienen dudas. Y si las autoridades no toman cartas en el asunto, el 12 de noviembre marcará el inicio de una nueva etapa de protestas que el país no ha visto en mucho tiempo.

 El descaro de proteger a "líderes" seriamente cuestionados por corrupción

Es fascinante, casi admirable, cómo congresistas del Perú han elevado el arte de la autoprotección a niveles que solo podrían calificarse de maestría política. Promulgar una ley como la 32108, disfrazada de normativa legal para combatir el crimen organizado, pero que en realidad funciona como un chaleco antibalas para proteger a sus propios líderes acusados ​​de corrupción, es un acto de audacia que raya en la genialidad… del cinismo.

Lo que resulta aún más brillante es la sutileza con la que lo han hecho. No es fácil legislar para blindar a personajes tan ilustres como Keiko Fujimori, José Luna Gálvez o Vladimir Cerrón y lograr que la ley parezca diseñada para luchar contra los malos. Porque claro, ¿quién podría imaginar que una ley que restringe las órdenes de allanamiento y el bloqueo de cuentas bancarias de políticos —quienes casualmente enfrentan investigaciones por lavado de activos— sea una medida para facilitar la justicia? ¡Por favor! Esa sutileza es digna de un manual de autoayuda para criminales de cuello blanco.

Y lo mejor, es que estos congresistas, en lugar de preocuparse por el estallido de la inseguridad, las extorsiones, el sicariato o el caos en las calles, se ocupan en proteger lo que realmente importa: sus propios pellejos. Es todo un logro haber encontrado un resquicio en la legalidad que, en lugar de perseguir a los delincuentes, los protegen con una capa de burocracia y tecnicismos, asegurando que los poderosos puedan dormir tranquilos mientras el resto del país sufre.

Es como si estos congresistas estuvieran en una competencia para ver quién puede ser más descarado, y la Ley 32108 es sus carta de triunfo. Mientras los ciudadanos enfrentan extorsiones y secuestros, ellos brindan con una ley que garantiza que sus líderes no tendrán que preocuparse por esos molestos fiscales, esos odiosos allanamientos y esos irritantes bloqueos de cuentas. ¡Cómo se atreven las autoridades a pretender investigar a quienes, claramente, solo están ocupados en defender "la democracia"!

El mensaje es claro: la Ley 32108 no es solo una normativa, es una declaración de principios, un recordatorio de que la corrupción en el Perú no solo sobrevive, sino que prospera gracias a leyes hechas a la medida de los poderosos.

Porque en el Perú, parece que lo más importante no es combatir el crimen organizado, sino asegurarse de que, si alguna vez los fiscales tocan a la puerta de sus líderes, lo hagan sin muchas ganas, con las manos atadas por los propios legisladores que juraron defender al país. (Alberto Vela)